La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), organismo encargado de prevenir e investigar el fraude en las administraciones catalanas, advirtió en un informe de 2014 sobre el “potencial conflicto de intereses” del alcalde de Vidreres, Jordi Camps (PDeCAT), con las empresas encargadas de suministrar el agua en este municipio de Girona. Según las investigaciones de esta entidad, Camps compartía militancia y domicilio social con el principal accionista de esas sociedades.
Informe de la Oficina Antifraude sobre la gestión del agua en Vidreres (Girona) / CG
Portada del informe de la Oficina Antifraude sobre la gestión del agua en Vidreres (Girona) / CG
El pasado día 14, Camps declaró en calidad de imputado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners por los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La juez centró buena parte de sus preguntas en las relaciones de Camps con el empresario Marc Mallart. El alcalde no quiso contestar a las preguntas de la acusación particular ejercida por la Asociación de Defensa de las Personas Consumidoras de la Selva (ADPCS), pero sí lo hizo a las de la abogada de Marc Mallart, que declaró también ese mismo día en el juzgado. Camps negó haber dado trato de favor a las empresas de Mallart y alegó que "prueba de eso es la cantidad de demandas interpuestas por las mercantiles contra los acuerdos adoptados por el ayuntamiento".
Conflicto de intereses
El informe de la OAC, al que ha tenido acceso Crónica Global, tiene fecha del 19 de junio de 2014 y explica que sus investigaciones se remontan a dos años atrás, a raíz de una denuncia sobre las supuestas irregularidades detectadas en el suministro del agua en el Ayuntamiento de Vidreres (Girona) y el “posible conflicto de intereses públicos y privados del actual alcaldes, en relación con las empresas que gestionan el servicio”.
La OAC se refiere a Rec Madral Cia d’Aigües SA y Riera de Cabanyes Cia d’Aigües SA que gestionaban privadamente ese servicio sin que conste contrato o concesión administrativa. “Es esta una situación irregular que genera una inseguridad jurídica que afecta a todas las partes, incluidos los usuarios del servicio, en la que el Ayuntamiento no puede organizar, coordinar y reglamentar el servicio (incluidas las tarifas) ni garantizar, en último término, la prestación del servicio y la potabilidad y calidad del agua suministrada”, indica la OAC.
Cobro a los usuarios por valor de 1,6 millones
En el informe también se alude al cobro, supuestamente irregular, a los usuarios de la urbanización Aiguaviva Parc por parte de la sociedad Riera de Cabanyes, de una cuota de trasvase y de la repercusión de una tasa municipal. “Es decir, la sociedad Riera de Cabanyes ha estado repercutiendo a los usuarios durante tres años el importe de la tasa municipal en contra de los que establece claramente la Ley reguladora de las haciendas locales”, por un total aproximado de 1,6 millones de euros.
Ayuntamiento de Vidreres (Girona) cuyo alcalde, Jordi Camps, preside el ente de la Diputación de Girona que recauda tributos de la Generalitat y es investigado por malversación / VIDRERES.CAT
Sede del Ayuntamiento de Vidreres (Girona) / VIDRERES.CAT
En su defensa, el alcalde Jordi Camps explicó que había enviado tres cartas a las empresas con la finalidad de que expliquen por qué no están satisfaciendo la tasa del 1,5% al Ayuntamiento, que desde 2010 no están pagando, aunque lo habían pagado durante dos años”, concretamente en los ejercicios 2003 y 2004. Ante esta situación, la OAC avisaba de que “es necesario que el Ayuntamiento impulse las acciones pertinentes para regularizar el cobro de la tasa municipal para la utilización privativa o provecho especial del dominio público de las sociedades gestoras del agua de Vidreres para los ejercicios no prescritos”.
Relación de amistad
Respecto a los conflictos de intereses del alcalde con las empresas suministradoras, el informe explica que el propio alcalde explicó a los funcionarios de la Oficina Antifraude que “mantenía una relación de amistad con el accionista de la sociedad Riera de Cabanyes”. El primer edil, tal como explicó a la juez el pasado 14 de enero durante su declaración como investigado, constituyó la sociedad Technologic Camps Solution SL, con domicilio social coincidente durante un tiempo con el de Riera de Cabanyes. Jordi Camps precisó que esta empresa no tenía ninguna actividad.
Asimismo, la OAC subraya que Camps “comparte militancia en la mismas formación política que la de uno de los principales accionistas de las sociedades gestoras del agua, el cual había sido concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Vidreres en la legislatura 2003-2007”, es decir, antes de que Camps fuera designado alcalde.
Exigencia de transparencia
Según la OAC, “estas relaciones representan un potencial conflicto de intereses que ha podido y puede condicionar la neutralidad e imparcialidad de las decisiones y actuaciones municipales dirigidas a solucionar eficazmente la situación de la gestión del agua en la urbanización de Aiguaviva Parc en las que el alcalde haya participado o quiera participar”. Añade el documento que “los cargos públicos deben ser especialmente transparentes con cualquier interés privado que pueda llegar a condicionar el correcto ejercicio de sus funciones. Entre esos intereses privados destacan los que tienen que ver con el lucro personal y con las relaciones familiares, o, por lo que interesa en este caso, las de amistad”.
El Área de Delitos Económicos de la Guardia Civil también investigó la relación de Camps con las empresas a las que supuestamente adjudicó irregularmente la gestión del agua.