La exigencia de observadores jurídicos calienta el juicio del 1-O

El procés ha vuelto a dividir al colectivo de abogados catalanes. La propuesta de Ignasi Puig, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), ha puesto en pie de guerra a sus compañeros de profesión: quiere enviar observadores al juicio de los políticos independentistas que se reanudará en el Tribunal Supremo a principios de febrero.

Un grupo de asociaciones contrarias al independentismo ha anunciado que impugnará esa iniciativa, que en su opinión cuestiona el sistema judicial español y responde a fines políticos. La polémica ha rebasado las fronteras catalanas, dado que el Colegio de Abogados de Madrid ha expresado su indignación con el máximo responsable de los letrados catalanes.

Ignasi Puig (i) junto a su predecesor al frente del Consejo de la Abogacía Catalana, Julio J. Naveira / CG

Ignasi Puig, exdirigente de UDC convertido al independentismo, mantiene una estrecha relación con Josep Rull, exconsejero de la Generalitat procesado que se encuentra en prisión preventiva. El abogado fue concejal del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) formando parte del equipo de Rull. Y también fue presidente de la agrupación de Unió en la capital egarense.

Creación de 'Trial Watch - Catalan Referendum case'

El presidente de los abogados catalanes, cargo que ejerce desde el pasado 27 de diciembre, ha planteado la posibilidad de que el CICAC envíe observadores al juicio, en la línea de lo manifestado por diversas asociaciones que promueven la presencia de este tipo de profesionales durante la vista.

Con esta finalidad se creó la Trial Watch - Catalan Referendum case, plataforma de entidades dedicadas a la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía “con el fin de gestionar y facilitar la presencia de observadores estatales e internacionales en el juicio que se desarrollará ante el Tribunal Supremo contra políticos y líderes sociales catalanes”. Las entidades impulsoras son la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Col.lectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, International Institute for Nonviolent Acion y el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona.

Acto organizado por el Col.lectiu Wilson y Drets en el Colegio de Abogados para pedir la liberación de los presos del independentismo

A esta iniciativa se suma ahora el presidente del CICAC. Sin embargo, otras entidades de juristas como Llibertats, Abogados por la Constitución y Aixeca´t, así como Sociedad Civil Catalana, han solicitado la certificación del acuerdo del CICAC “con objeto de interponer las correspondientes acciones contra el mismo, ya que exceden de las competencias del CICAC”. Este organismo representa a los 14 colegios de abogados catalanes, reúne a más de 40.000 letrados, y tiene adheridos los de las Islas Baleares, Perpiñán y Andorra.

"Excede sus competencias"

El presidente de Llibertats, y expresidente del Consejo de la Abogacía, Pere Lluís Huguet, advierte de que “los observadores solo se envían en aquellos juicios en los que la justicia es opaca y no es pública; en España la Constitución en su artículo 120 establece que las actuaciones judiciales serán públicas, además, en el presente caso el juicio se retrasmitirá en directo por televisión, por lo que el envío de observadores por parte del CICAC, independientemente de que excede de sus competencias, es absurdo".

Acusa al presidente del Consejo de "buscar otros fines diferentes que nada tienen que ver con las funciones que la ley otorga al CICAC y a los Colegios Profesionales”. Una vez se disponga de la certificación del acuerdo y se confirmen las declaraciones del presidente del CICAC, las entidades señaladas solicitarán al juez las correspondientes medidas cautelares para la suspensión del acuerdo.

Asociaciones de toda España impulsan, a instancias de Llibertats, un manifiesto en el que se rechazan las intromisiones de determinados sectores políticos, así como sus críticas prematuras ante la vista oral por la causa del procés. De esta forma intentan contrarrestar la mala imagen de la Justicia española que promueven los independentistas, encabezados por Carles Puigdemont, quien desde su refugio en Waterloo pretende utilizar la vista en el Supremo como último cartucho de su campaña de agitación y de búsqueda de complicidades internacionales.

Quejas

Tras la propuesta lanzada por Puig, el Colegio de Abogados de Madrid expresó su queja a través de las redes sociales. “La presencia de ‘observadores de la Abogacía’ en el citado juicio, que estudia el Consejo de la Abogacía Catalana, sólo tendría sentido en procedimientos opacos y arbitrarios más propios de estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español”, escribió el decano del Colegio madrileño, José María Alonso. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afeó a Alonso que "criticara" a los decanos de otros colegios y aseguró que la labor de los letrados es asegurar que se respeten las leyes".

Hace un año, el Consejo catalán emitió un comunicado, bajo la presidencia de Julio J. Naveira, en el que calificaba de “inconveniente y desproporcionada” la prisión preventiva de los políticos independentistas. “Creemos que en el presente caso no se dan los supuestos para aplicarla, máxime cuando los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales de los que han sido objeto en el curso del procedimiento”, aseguraba en la nota, en la que añadían que “sin violencia no hay rebelión --delito imputado por las acusaciones pública y privada a los acusados-- y las dudas tanto materiales como jurídicas sobre su existencia no podrían articularse en contra de los investigados”.