Los premios de literatura Ciutat de Palma no contarán con la categoría de obras escritas en lengua castellana. En concreto, los galardones afectados son el premio de poesía Rubén Darío y el de novela Camilo José Cela.

La convocatoria de este conjunto de premios literarios va a cargo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca desde 1958. En sus inicios, este reconocimiento estaba reservado a la lengua catalana, pero en 2006 se incluyeron los premios para literatura en lengua castellana.

En 2007, no obstante, el equipo municipal liderado por la socialista Aina Calvo reinstaura la única modalidad en catalán, y en 2011 con la llegada del Partido Popular al frente del consistorio los galardones pasan a contemplar, de nuevo, las obras escritas en ambas lenguas.

Quejas de la oposición

El grupo municipal de Ciudadanos ha anunciado que no van a asistir a la entrega de los premios que se celebran en el teatro Principal debido al uso exclusivo del catalán y a la politización de la cultura.

El portavoz en Cort, Josep Lluís Bauzá, ha declinado hacer entrega de uno de los galardones, tal y como le había ofrecio la concejalía de Cultura, y ha avanzado que en la próxima legislatura van a "recuperar los premios de novela y poesía en castellano, Camilo José Cela y Rubén dario, respectivamente".

En la misma línea, tratrarán de derogar la normativa que hace obligatorio el catalán para acceder a un empleo en la comunidad así como para presentar pliegos y ofertas por parte de los contratistas.

Las críticas han cruzado el Mediterráneo y el candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, también ha considerado mediante las redes sociales que "es muy grave" que no se integre la lengua castellana en los premios.

Guerra idiomática

Desde la formación del actual Gobierno de las Islas Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol con el apoyo de la coalición Més per Mallorca, el foco mediático se ha vuelto a dirigir hacia las políticas lingüísticas.

Las medidas en relación a la lengua han sido uno de los caballos de batalla entre los distintos partidos. Mientras que PP y Cs consideran que el catalán no debería ser obligatorio, el Ejecutivo ha desplegado medidas para que en algunos ámbitos, como en la sanidad o la educación, sea un requisito para poder trabajar en las islas.