Por qué Cataluña es líder en desahucios

Cataluña es la Comunidad Autónoma donde más desahucios se producen en toda España. En concreto, se han ejecutado 2.531 desahucios durante el tercer trimestre de 2018, el 21,9% del total nacional. Le siguen Andalucía (1.894), la Comunidad Valenciana (1.575) y Madrid (1.238), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el trimestre anterior, Cataluña también fue la comunidad donde se produjeron más desahucios de todo el país con una cifra incluso superior: 4.170, lo que representan el 24,35% del total estatal.

La comunidad autónoma bate récords tanto en lanzamientos por impago del alquiler como de hipoteca. Según los datos de este tercer trimestre, en Cataluña se efectuaron 1738 desahucios como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 23,1% del total nacional. Le siguen Andalucía (1.034), la Comunidad Valenciana (1.575) y Madrid (1.238). Y de nuevo, Cataluña vuelve a liderar este ránking si se atiende al número de desahucios efectuados por impago de las hipotecas, con 1.639; seguida por Andalucía (1.114), Comunidad Valenciana (1.108) y Murcia (370). 

¿Nueva burbuja?

Más allá de los datos, ¿qué hay detrás de esta dramática cifra? ¿Existe el riesgo de que se genere una nueva burbuja inmobiliaria, tal y como insinúan algunos economistas? Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado al gobierno español que preste atención a la evolución de los precios de la vivienda, donde ha detectado una “ligera sobrevaloración”.

Dentro del mercado del alquiler, Barcelona vuelve a aparecer este mes de noviembre como la ciudad más cara de todo el Estado según el portal Fotocasa. El coste se sitúa en los 16,02 €/m2 al mes, con un incremento interanual del 4,2%.

Frente a esta subida de precios, los movimientos sociales exigen al Gobierno que intervenga en el mercado del alquiler, mientras que el sector inmobiliario se muestra reacio a cualquier tipo de intervención en el mercado.

Una manifestación contra el desahucio de familias por impagos de hipotecas / EFE

Menos viviendas en alquiler

Òscar Gorgues, economista y gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, afirma que Cataluña es una de las comunidades con más desahucios porque es de las que tiene un mayor parque de alquiler. “Es normal que a mayor cuota de alquiler, aumenten los desahucios”. Gorgues señala que “el problema de Barcelona es la poca oferta que hay”.

Según él, en 2018 “se están reduciendo el número de viviendas que se incorporan al mercado de alquiler”. Apunta a dos factores que influyen en esta reducción de la oferta. En primer lugar, “los inversores ya no invierten en el mercado del alquiler”; y por otro, está el problema de los inmuebles que se traspasan por herencias.  “Al subir los precios de venta, los herederos optan por vender en vez de alquilar, dado los pocos alicientes que existen al alquiler” y el temor a nuevas regulaciones desde el sector público.

"Bolsa de desahucios"

En cuanto a los datos de desahucios en Cataluña, apunta a la lentitud del proceso como una de las causas de que aparezca un número tan elevado: “Un desahucio está durando más de un año, por lo que los datos de ahora pueden estar recogiendo una bolsa de desahucios de etapas anteriores”.

Él pone el foco de atención en Barcelona: “Es una ciudad con poca oferta de alquiler y, en cambio, una alta demanda solvente. La tasa de morosidad es relativamente baja”. Por ello, el economista niega que exista una burbuja en el mercado del alquiler. “Los datos de scoring son correctos, es decir, las personas que alquilan son solventes”. Y niega que los fondos de inversión afecten a Barcelona, ya que según él apenas operan en la ciudad, dada la baja rentabilidad de las operaciones de alquiler.

Desajuste de mercado

Entonces, ¿cómo es posible que Cataluña lidere el ránking de desahucios en el Estado? Según Gorgues, el problema reside en que no existe “un parque de vivienda suficiente para atender a la demanda existente”. Es decir, un desajuste en el mercado en base a la ley de la oferta y la demanda.

A esto se le añade “el insuficiente parque de vivienda social en Cataluña”, que debería paliar estos desajustes, debido a “una inversión pública ínfima comparada con otro países”. Aun así, destaca que “dentro de los desahucios hay de todo”, y que por ello tendría que realizarse una exhaustiva “valoración y análisis para ayudar a los que más tienen”.

Imagen de un grupo de la PAH y Ada Colau bloqueando un desahucio / EFE

Regulación del precio de alquiler

Desde el Sindicat de Llogaters hacen una lectura radicalmente contraria a las causas de la misma problemática. Marta Ill-Saga, una de sus portavoces, apunta en primer lugar a la convivencia de "bajos salarios y altos precios inmobiliarios" como una de las explicaciones. Además, no duda en afirmar que “la burbuja se ha desplazado al alquiler”.

“Atender a la ley de la oferta y la demanda es engañoso. ¿De qué demanda hablamos? Nos hablan de extranjeros con rentas altas. Esta es una realidad que existe, pero es minoritario. La burbuja se da por una demanda especulativa de fondos de inversión” y otros operadores. Y señala a los mecanismos institucionales que permiten estas prácticas como parte del problema. “Los fondos de inversión son la punta de lanza de la especulación, el resto de propietarios también se suma a la subida de precios”.

Tensión en la oficina de Bankia en la Gran Via esquina Comte Urgell / PAH TWITTER

Por ello, desde el Sindicat de Llogaters exigen "regular el precio de los alquileres", así como apostar por ampliar el parque de viviendas públicas. Ponen como ejemplo ciudades como París y Viena, o países como Alemania, que llevan una gran ventaja en materia de protección del derecho a la vivienda.

Desde Catalunya en Comú lamentan que la Generalitat no desarrolle un Plan de Emergencia de Vivienda. La diputada de la formación Susanna Segovia apunta que actualmente Cataluña cuenta con un 2% de vivienda pública, cuando deberíamos estar en el 15%. Por ello, instan al Govern a que amplíe las sanciones a pisos vacíos y apliquen una medida parecida a la reserva de un 30% de techo para pisos de protección oficial que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona a nivel catalán.