La Constitución española ha celebrado este jueves su 40 aniversario en un clima enrarecido por la intensificación de las voces que piden su reforma frente a los que consideran que no existe el consenso necesario para abordar su actualización.

Desde 1978, solo se han introducido dos cambios en la Carta Magna (uno en 1992, para que los extranjeros pudieran ser candidatos en las elecciones municipales, y otro en 2011, para limitar el déficit público y establecer la prioridad del pago de la deuda pública). ¿Ha llegado el momento de plantear una reforma profunda que dé respuesta a las inquietudes de los ciudadanos?

El Rey se abre a la reforma

En su discurso en el Congreso de los Diputados de ayer, el rey Felipe VI reivindicó la “plena vigencia en nuestros días” de “los ideales y los valores” recogidos en la Constitución. Aunque, consciente de las llamadas a la renovación del texto, abrió la puerta tímidamente a su modernización.

Así, el monarca admitió que “la España de hoy es muy diferente a la de aquel 6 de diciembre de 1978, como igualmente las circunstancias mundiales que vivimos son muy distintas y aún más exigentes que las del último tercio del siglo pasado”. Por ello, reconoció que las nuevas generaciones de españoles --entre los que se incluyó a él mismo-- “tenemos la enorme tarea de seguir hacia adelante, de no conformarnos, de hacer todo lo posible para honrar y mejorar el ingente legado que hemos recibido de las generaciones que nos han precedido”.

Sánchez: “Reformarla es reforzarla”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder político que más abiertamente defiende la reforma constitucional. Y ha aprovechado todos los actos de conmemoración del texto fundamental del Estado en los últimos días para reiterar su posición.

El miércoles, en un encuentro con jóvenes, les pedía su “empuje” y “energía” para “revigorizar nuestra democracia, para reformar la Constitución con el objetivo de que nuestro país siga avanzando”. Ese mismo día, en una entrevista en El País, instaba a negociar los cambios en aquellos temas en los hay consenso --como los aforamientos-- y subrayaba que “uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es perfeccionar nuestro modelo territorial”. Aunque también admitía que a los independentistas “les da igual el tipo de estructura y de modelo de Estado que tengamos, lo que quieren es ir contra el ser de España”. En cualquier caso, l mismo 6D insistía en que “hoy, reformar la Constitución es reforzarla”, y apostaba por “un cambio de época recuperando aquel espíritu de concordia” de 1978.

El PP rechaza cualquier cambio

El PP, en cambio, se opone frontalmente a la reforma de la Carta Magna y su líder, Pablo Casado, ha advertido de que su partido utilizará su “mayoría de bloqueo” en el Congreso y su mayoría absoluta en el Senado para vetar cualquier cambio. Su argumento es que la Constitución es en este momento “el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad”. Y en ese grupo ha incluido al “nacionalismo excluyente” y al “populismo que va contra las libertades públicas”.

Casado considera que el texto constitucional sigue “vivo” y ha insistido en que es “la mejor vacuna contra el radicalismo, el populismo y el nacionalismo”. Por ello, ha asegurado que el PP, defendiéndolo, hace “un gran servicio a España”. Aunque se ha mostrado de acuerdo con “la mayoría de los puntos” propuestos por el dictamen sobre la reforma constitucional de Francisco Rubio Llorente, el dirigente popular ha señalado que esos cambios “ahora no son urgentes” y no tendrían el mismo consenso que hubo en 1978. Además, ve el peligro de que, si “se abre en canal” la Constitución, se podrían sobre la mesa cuestiones como “la república, la nación catalana o la ruptura del propio sistema político” que no considera razonables en este momento. Y, en todo caso, ha subrayado que se pueden desarrollar legislativamente asuntos relevantes como la clarificación de las competencias estatales, autonómicas y locales sin tener que tocar la Constitución.

Podemos exige una república

Para Podemos, la reforma constitucional es una cuestión urgente. Y el primero de los cambios que realizaría sería la sustitución de la monarquía por una república. Aunque el líder morado, Pablo Iglesias, ha reconocido que la Carta Magna ha tenido aspectos muy positivos, ha asegurado también que hay muchos desafíos pendientes en la lucha contra la desigualdad, el paro, la precariedad, la corrupción, la crisis territorial y la europea que deben introducirse en la norma fundamental.

Iglesias ha subrayado que la Constitución "no puede ser una reliquia" y que debe modernizarse para convertirse en un "instrumento dinámico que sirva para proteger los derechos de la gente", y que reconstruir el pacto social que "rompieron las élites significa decir república". “La monarquía sirvió para evitar un golpe de Estado. Si así fue, hay que dar las gracias, pero en 2018 la España moderna no entiende una jefatura de Estado que se elija por fecundación e identificada con la corrupción y los privilegios", ha zanjado.

Cs alerta de la falta de consenso

Ciudadanos, por su parte, admite que falta el consenso necesario para la reforma constitucional. Pero, a diferencia del PP, sí pide a socialistas y populares que acerquen posiciones para negociar la actualización de la Carta Magna. El líder naranja, Albert Rivera, califica la Constitución española como “una de las mejores del mundo” y cree que “es momento también de analizar qué partes de la Carta Magna pueden mejorarse y actualizarse para que esa gran obra colectiva no pierda vigor”. Sin embargo, advierte de que esa reforma debe abordarse “para satisfacer al pueblo español, no para contentar a quienes quieren liquidar la nación, y con dos orientaciones fundamentales: garantizar la igualdad entre españoles que se ha puesto en jaque porque los sucesivos gobiernos bipartidistas han confundido descentralización con fragmentación; y regenerar la vida pública para que los ciudadanos vuelvan a depositar toda su confianza en sus instituciones”.

Rivera también subraya otra cuestión relevante al hablar de la Constitución: los poderes públicos deben “defender” y “garantizar” su “aplicación en toda su extensión y en todos los lugares del país”. A su juicio, no es fácil hacerlo en todos los lugares de España, especialmente en Cataluña, donde los dirigentes nacionalistas han trabajado “sin descanso” para liquidarla, “vulnerándola con impunidad” durante el “golpe de Estado” independentista de hace un año.

Nacionalistas: o referéndum o nada

Los nacionalistas catalanes no están muy por la labor de participar en una reforma constitucional, salvo que esta sirva para facilitar la vía hacia la secesión en forma de un referéndum independentista. Sin embargo, esta posibilidad está descartada por los principales partidos con representación parlamentaria, excepto Podemos.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha definido la Constitución española como “una jaula y una cárcel”. Y su antecesor, Carles Puigdemont, ha tildado la Carta Magna de “caducada” y de ser “una herramienta de represión”. En coherencia con ese planteamiento, no ha dudado en apoyar a los organizadores de los diferentes ataques y escraches sufridos por los que celebraban el 40 aniversario de la Constitución en Cataluña este jueves.

Los padres de la Constitución piden prudencia

Pero no solo los partidos han intervenido en el debate sobre la reforma constitucional. Los tres padres de la Constitución que siguen con vida --de los siete ponentes que la redactaron-- también se han posicionado en las últimas fechas. José Pedro Pérez Llorca considera que la situación política actual no es la más adecuada para abordar una reforma por la falta de voluntad de consenso. Además, ha instado a quien quiera modificarla a concretar cómo lo haría y en qué aspectos específicos. En todo caso, él apostaría por "robustecer el Gobierno de España", porque a su entender "se ha quedado con facultades asimétricas".

Miquel Roca tampoco ve clara la reforma. Para el exdirigente nacionalista, sería “peligroso” abordar un cambio porque tiene “miedo de que la toquen mal”, en el sentido de que se revierta el proceso de descentralización de los últimos 40 años. Mientras que para Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón el texto constitucional sigue teniendo “plena vigencia” y se muestra más partidario de desarrollar la estructura legislativa que de “tocar” la Constitución.