El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, un plan integral de protección de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña, "ante los ataques ocurridos en los últimos días en sedes judiciales", que ha sufrido pintadas "de odio insultantes y amenazantes" y el lanzamiento de pintura y excrementos de forma impune.
La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha acordado por unanimidad trasladar esta petición al Gobierno y a la Generalitat, así como al presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y a los presidentes de las juntas de seguridad provinciales. El CGPJ también ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que investigue los ataques, según el comunicado hecho público hoy.
Dudas de la actuación de los Mossos
En la petición a la Fiscalía, la instan a que "supervise las actuaciones de investigación y persecución de esos ataques que se estén llevando a cabo por las fuerzas policiales con competencia en la materia".
E introducen una duda sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra, pues justifican esta petición de supervisión de la investigación "para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades".
Falta de diligencia de la Generalitat
El CGPJ advierte de la falta de diligencia por parte de la Generalitat. "No se percibe por este Consejo que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de las personas de los jueces y magistrados, las de sus familias y sus bienes, ni la de las personas que colaboran con ellos, así como las de los lugares donde prestan servicio, como tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de los actos [...] por parte de las autoridades competentes", destaca el comunicado.
Y recuerda que es la Consejería de Interior de la Generalitat la que tienen las competencias en esta materia.
Garantizar la seguridad de los jueces
El CGPJ afirma que la premisa básica y elemental de la independencia del poder judicial es que los jueces y magistrados puedan desempeñar sus funciones con el debido clima de sosiego y tranquilidad que incluye su garantía de seguridad e integridad.
Para que esa garantía se haga efectiva, señalan que es preciso que los poderes públicos que tienen competencias "asuman de manera efectiva las tareas de prevención" y "persigan los delitos", a la vez que defienden que asegurar la seguridad e integridad de jueces y magistrados es una garantía para los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad democrática real.
Se multiplican los ataques
El CGPJ dice observar con "preocupación intensa y creciente" cómo en Cataluña "se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales", que se iniciaron hace algunos años alentadas por miembros de instituciones autonómicas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales, ofendiendo las condiciones constitucionales de división de poderes.
"Posteriormente, esas actitudes han degenerado en conductas criminales y se han multiplicado, al tiempo que se exponen como acciones de grupos que se identifican bajo nombres o siglas conocidas", y añaden que mayor preocupación les produce el hecho que algunas sean jaleadas, según el consejo, por algún alto representante de las instituciones catalanas.
Un informe con todos los altercados
Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces solicita al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un informe con todos los ataques sufridos por jueces o por sus familias en Cataluña.
"El informe deberá incluir también todos los incidentes producidos en relación con sedes judiciales en Cataluña, con expresión de si constan detenciones o personas acusadas en relación con los mismos y los casos en que ello sea así. Para ello, se recabará la información correspondiente de los presidentes de audiencia y jueces decanos", concluye.