No corren buenos tiempos para la Sindicatura de Comptes, órgano encargado de fiscalizar la gestión del sector público de Cataluña. Es una de las 30 instituciones bloqueadas debido a la inacción parlamentaria derivada del procés. En concreto, la Sindicatura debe renovar cuatro de sus siete miembros. La renovación más antigua está pendiente desde 2017. A esta circunstancia se añaden incidencias internas en materia de contratación y contabilidad. Fuentes de la Sindicatura admite que algunas de ellas suponen un problema, como es el caso de la síndica Maria Àngels Servat, que lleva de baja 18 meses. Su ausencia se une a la de Andreu Morillas, síndico que renunció su cargo en diciembre de 2017 “por motivos personales”.
Servat ha unido esa larga baja con dos meses de vacaciones. Durante todo este tiempo, ha cobrado íntegramente su sueldo, que supera los 110.000 euros, a excepción de los 21 primeros días. Los síndicos no son funcionarios, por lo que deberían cobrar un 75% del salario durante su baja. Sin embargo, hay un vacío legal en este sentido y, según explican a Crónica Global fuentes de la Sindicatura, “lo que se ha hecho es equiparar las condiciones de los síndicos a las del personal. Siempre se ha hecho así”.
Polémica elección
La elección de Servat, en junio de 2011, estuvo envuelta en una cierta polémica debido a la filtración de una conversación con unas amigas en las que frivolizaba sobre su elección.
La síndica Maria Àngels Servat junto al Síndic Major Jaume Amat en una comparecencia parlamentaria
Igualmente controvertida fue el fichaje de la doctora M. S. para que atienda a los síndicos y al personal de esta institución. Los contratos han sido negociados, es decir, no han pasado por concurso. El último se formalizó el pasado 26 de marzo por un total de 69.000 euros y una duración de cuatro años. El hecho de haber tenido una estrecha relación de amistad con el exsíndico Ernest Senna, ha levantado suspicacias dentro de la Sindicatura. No obstante, la doctora presta sus servicios en otros departamentos de la Generalitat, según estas fuentes.
Mención aparte merece el remanente que acumula la Sindicatura de Cuentas, que dispone de un presupuesto de 10,8 millones de euros. En 2011 y en plena crisis, el Síndico Mayor, Jaume Amat, entregó al entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, un cheque de 3,1 millones de euros, cantidad que la entidad había ahorrado en ejercicios anteriores y que había renunciado a incorporar al presupuesto vigente.
El año pasado, según consta en la Memoria de actividades correspondiente a 2017, el remanente ascendió a 2,8 millones de euros. En este sentido, los portavoces de la Sindicatura niegan, como apuntan algunas fuentes, que se hayan superado los 10 millones de euros, cifra que, denuncian, se podría haber destinado a otras consejerías sociales que han sufrido recortes.
Procedimiento parlamentario
Fuentes oficiales de la Sindicatura explican que, para su gestión, “dispone año tras año de un presupuesto de gastos (no tiene presupuesto de ingresos) aprobado por el Pleno del Parlament en la Ley de Presupuestos, junto con las cuentas de la Generalitat, de la Cámara catalana y del resto de órganos estatutarios”.
La Sindicatura está controlada por la Intervención del Parlament, que hace la fiscalización previa de todos sus gastos. Solo puede gastar lo que contemplan las cuentas aprobadas. “Si en la liquidación del presupuesto anual no se ha gastado la totalidad del importe, cosa normal porque la ley obliga a presupuestar los gastos con toda su cuantía anual, esta diferencia genera un remanente que se incorpora al presupuesto siguiente. Solo se puede incorporar al presupuesto el remanente del año anterior”, precisan las citadas fuentes.
"No tiene que ver con la situación de tesorería"
Todas estas operaciones “son de contabilidad presupuestaria y no tienen nada que ver con la situación de tesorería. Para pagar sus obligaciones la Sindicatura cuenta con los fondos que la Tesorería de la Generalitat le va transfiriendo de acuerdo con el presupuesto autorizado y aprobado. La Sindicatura nunca podrá gastar más que el presupuesto que tiene aprobado”.
Este sistema es el mismo por el cual se gestionan los gastos del Parlament y de otras instituciones similares.
Al igual que otros organismos dependientes del Parlament, la Sindicatura siempre ha sido objeto de críticas por parte de la oposición parlamentaria, que cuestiona la forma de selección de sus miembros, que consideran politizada.
Críticas de Cs, ERC e ICV
“Sin cuestionar las personas que seguramente formarán parte de la sindicatura --aseguraba en 2011 el líder de Ciudadanos, Albert Rivera--, sí queremos cuestionar no sólo el procedimiento, sino la asunción de este Parlament de forma generalizada que estos nombramientos por cuota y que, por tanto, los mecanismos de control de las propias instituciones sean nombrados por cuotas de partidos políticos”.
En la misma línea, el diputado de ERC Sergi de los Ríos afirmaba que “en ningún caso cuestionamos la valía de las cuatro personas que ahora se elegirán como nuevos síndicos, pero sí cuestionamos el procedimiento y, en concreto, el retraso; un retraso de meses, que prácticamente llega a más de un año, fruto única y exclusivamente del tácticismo político para obtener un nombramiento más por parte de CiU. Entendemos que esto es una mala noticia y que afecta negativamente a la imagen de la misma institución, que se haya bloqueado durante tantos meses únicamente y exclusivamente para sacar un rédito de táctica partidista”.
Por parte de ICV, Dolors Camats, aseguraba que en su grupo “somos muy conscientes de que CiU tenía bloqueada esta renovación desde febrero del año 2010, esperando que los resultados electorales les garantizaran un síndico más. Y ahora, gracias a este acuerdo que tienen con el PP y PSC, ya lo tienen, ya tienen la mayoría. Nosotros no compartimos que ustedes controlen la sindicatura”.
Ahora es ERC y Ciudadanos las formaciones que deberán hacer propuestas para renovar la Sindicatura.