Una de las banderas del partido de Ada Colau antes de acceder a la alcaldía de Barcelona fue su firme compromiso de gobernar de forma transparente en caso de ganar la alcaldía. "La transparencia ha saltado a la primera línea de la agenda política y social. Ha ganado una centralidad que nos obliga, no sólo a trabajar en la transparencia, sino a hacerlo de forma continuada y con formación", afirmaba en 2016 en un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona, cuando ya era alcaldesa.

Pero la realidad dista mucho de sus promesas. A falta de medio año para las próximas elecciones municipales, es de extrañar que el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona aparezca sin actualizar en diversos de sus apartados. Hay capítulos importantes que no se renuevan desde hace meses o incluso años, tal y como se puede consultar en su página web. 

Subvenciones opacas

Uno de los más relevantes es el apartado de subvenciones, que tan sólo muestra información referente al primer trimestre de 2018. No se trata de un capítulo menor, ya que en él salen reflejadas las subvenciones del ayuntamiento a las diferentes asociaciones, fundaciones, escuelas, plataformas y otras entidades que reciben financiación directa del consistorio. La alcaldesa ya se ha visto salpicada por aumentar las subvenciones a asociaciones amigas, como al Observatori DESC, la Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres o la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

Otra de las grandes ausencias en el portal de transparencia es la que se refiere a la contratación pública. Hay tres entidades municipales que no tienen sus contratos actualizados: la sociedad mercantil Barcelona Gestión Urbanística, SA (BAGURSA), dedicada a la obra pública, y cuya fecha en la página web data de 2017; el Consorcio Campus Interuniversitario Diagonal-Besòs (primer trimestre de 2018); y Consorcio El Faro, Centro de Trabajos del Mar (sin actualizar desde 2016).

Sin informes de auditorías

Tampoco están actualizados los informes de auditorías, un punto clave a la hora de rendir cuentas con los ciudadanos de forma independiente. También destaca la ausencia de las memorias estadísticas de contratación públicas --disponibles hasta 2016--, la gestión patrimonial o el patrimonio municipal, ambas actualizadas en 2017. Este último apartado permite conocer los bienes inmuebles del ayuntamiento --tanto adquiridos como alquilados--, y los vehículos que posee, del que se desconoce las variaciones que puedan haber desde el último año. 

Cabe señalar la falta de información sobre las campañas de publicidad institucional que ha realizado el consistorio en los últimos meses, ya que este apartado está actualizado al primer trimestre de 2018. Por último, tampoco se conocen los datos más recientes sobre las licitaciones de contratos de grandes obras y las modificaciones de los contratos de las obras más importantes, cuya fecha en la página web es de 2017. 

Ocho millones a partidos políticos

Esta opacidad en la gestión municipal trasciende poco después de que el Ayuntamiento de Barcelona maniobrara para evitar aportar las facturas de las subvenciones que reparte entre los diferentes partidos políticos municipales. La administración gobernada por Ada Colau ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la decisión de la Comisión de Garantía del Derecho al Acceso a la Información Pública (Gaip) que le obligaba a ceder esta información. Una acción que, aun en caso de que la justicia le dé la razón, deja en entredicho la rigurosa defensa de la transparencia que desde hace años realiza la alcaldesa. 

Todos los grupos municipales --excepto la CUP-- han apoyado la iniciativa del ayuntamiento, con el argumento de que este órgano creado por la Generalitat no puede obligar a presentar las facturas de estos gastos, que en lo que va de mandato superan los ocho millones de euros, reveló el jueves eldiario.es.

Denuncia de un ciudadano

El conflicto se desató tras la acción de un ciudadano, que reclamó conocer estos gastos y facturas desde 2013 --abarcando el anterior mandato-- y consideró insuficiente la información aportada por el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que acudió a la Gaip, que le dio la razón. El consistorio, que se niega a entregar las facturas, sostiene que no dispone de las mismas.

Además, recuerda que el control contable de los grupos políticos corresponde al Tribunal de Cuentas y no tiene carácter de información pública.