El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, deberá dar explicaciones en el Parlament sobre la asistencia a menores extranjeros no acompañados (MENA). La gestión del Govern ha sido muy criticada por entidades sociales, PSC, Catalunya en Comú-Podem y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde el sábado, un grupo de magrebíes que malvivía en un edificio insalubre atacaron sexualmente a una joven y apuñalaron a su novio.
Documento que acredita que la Junta de Seguridad de Santa Coloma de Gramenet abordó la situación de los menores extranjeros en tres ocasiones / CG
El suceso ha puesto de manifiesto el dinero adeudado por la Generalitat a las entidades que gestionan centros para menores, así como un cruce de reproches entre administraciones. El consistorio de Santa Coloma sostiene que el Govern conocía la situación de los MENA en la ciudad. Según un documento certificado por el secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma, Francisco Javier Ezquiaga, al que ha tenido acceso Crónica Global, “la problemática de los menores ( y jóvenes) no acompañados ni, en muchos casos, documentados, a menudo fugados de centros especiales, mayoritariamente de origen magrebí, fue tratada en las tres sesiones celebradas por las Juntas Locales de Seguridad los años 2017 y 2018”. En concreto, se refiere a las juntas que tuvieron lugar los días 27 de julio del año pasado, el 21 de marzo de 2018 y, más recientemente, el pasado 3 de octubre.
Los Mossos deben informar a la DGAIA
En la Junta de Seguridad participa una representación de los Mossos d’Esquadra, que son los encargados de advertir a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), dependiente de la Generalitat, de la presencia de MENA en las ciudades.
La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, insistió ayer en que el Govern estaba informado de la situación existente en su ciudad y le ha pedido ayuda para "abordar de una manera global" la situación de estos jóvenes y menores no acompañados. Propone una mayor presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en la localidad.
Precisamente anoche, cinco detenidos por el ataque sexual a una joven pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Coloma, cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Todos ellos están investigados por un delito de agresión sexual sin acceso carnal y, en el caso de tres de esos cinco, además, por homicidio en grado de tentativa por el apuñalamiento del novio de la víctima. Este juzgado se ha inhibido en favor del número 5, competente por fecha de hechos.
La culpa es de Andalucía, dijo Bassa
El conseller Chakir el Homrani sostiene que el ayuntamiento no notificó a la Generalitat que hubiera menores en situación de vulnerabilidad ocupando un edificio pues, en situaciones así, se responde "al momento".
Sin embargo, el problema de la gestión de los centros de acogida de los MENA se arrastra desde la legislatura pasada, cuando la predecesora de El Homrani, Dolors Bassa, aseguró que esos adolescentes "vienen de Andalucía y Ceuta porque el Gobierno andaluz "mira hacia otro lado" para no afrontar el problema.
Los diputados del PSC Raúl Moreno y Beatriz Silva informan de la situación de menores extranjeros no acompañados
En septiembre, la directora de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, Georgina Oliva, admitía que en Cataluña faltaba unas 1.200 plazas residenciales para MENA. Tal como informó este diario, solo en los primeros seis meses de 2018 se superaron los 1.489 menores inmigrantes que llegaron a Cataluña a lo largo de todo 2017. Por el contrario, el número de plazas en 2017 respecto a 2016 apenas aumentó, lo que deja sin recursos a los MENA y al conjunto de menores y jóvenes derivados a recursos residenciales.
Impagos a FEDAIA
A esta situación se añaden los impagos de la Generalitat a las entidades que gestionan centros de menores. Así, una veintena de asociaciones de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA) ha denunciado que la Generalitat tiene pagos pendientes con ellos por un valor de 11,9 millones de euros. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias reduce esa cifra a 5,7 millones. Por ello, la diputada del PSC, Beatriz Silva, ha presentado una pregunta parlamentaria para que el Govern concrete esa cifra.
Por su parte, el diputado de Catalunya en Comú-Podem, David Cid, ha pedido la comparecencia del consejero en la Comisión de Trabajo del Parlament para que informe sobre esas deudas. Los comunes quieren saber qué presupuesto se dedica a este asunto. Critican que, de nuevo, sean los ayuntamientos los que paran el golpe en este tipo de servicios asistenciales.