El pasado 31 de octubre, el Govern informaba a los sindicatos de funcionarios su intención de devolver la paga extra suprimida durante la crisis, así como otros derechos laborales pendientes entre 2019 y 2026. Los trabajadores pusieron el grito en el cielo ante lo que calificaron de “propuesta insultante”. Un día antes, el Consell Executiu aprobó una subvención de 670.000 euros a las entidades Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster.
El objetivo, según consta en el orden del día de la reunión del Govern, es pagar “la financiación de la cuota anual correspondiente a 2018 del préstamo hipotecario derivado de la compra del edificio El Siglo situado en Valencia. Hace años que la Generalitat, en su afán de promover el catalanismo en la Comunidad Valenciana, otorga generosas subvenciones a entidades vinculadas al editor Eliseu Climent. El emblemático edificio fue adquirido por la asociación catalana en 2004. Al parecer, entre 2003 y 2007, la Generalitat catalana pagó tres millones de euros para “los costes de adquisición y rehabilitación” de la finca. A cambio, Climent fleta autocares para acudir a las concentraciones secesionistas que se celebran en Cataluña. El goteo de ayudas se mantenido a pesar de la irrupción de fuerzas soberanistas en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat valenciana, administraciones que también conceden ayudas al editor.
Huelga de funcionarios
Así, mientras la Generalitat regateaba las pagas que adeuda a sus funcionarios, activaba la renovación de esos pagos anuales. El pasado lunes, los sindicatos CCOO y UGT convocaron a una huelga general a los más de 250.000 empleados de la Generalitat para reclamar las pagas extras que les recortaron en 2013 y 2014. El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, culpa al Gobierno español de esta situación.
Manifestación a favor del independentismo en Valencia
Por el contrario, la Generalitat no ha dejado de financiar el pancatalanismo en los llamados Països Catalans. Así, en julio de 2017 se renovó el convenio para pagar el citado inmueble de ACPV, por un coste de 654.582 euros. El año anterior, 2016, Presidencia destinó 659.602 euros a esa finalidad. Unas cifras algo inferiores a las de años anteriores, cuando el Govern pagó 670.073 euros y 714.411 euros. Además, Presidencia concedió hace dos años 280.000 euros a ACPV para diversas actividades culturales y 120.000 euros a la Fundació Escola Valenciana para la promoción del valenciano en la enseñanza y el uso social.
Las ayudas al fomento del catalanismo más allá de las fronteras del Principado incluyen también las Baleares y el sur de Francia.