La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 5.000 millones de euros el potencial impacto que las comunidades autónomas calculan sobre la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas en el supuesto de que el Tribunal Supremo (TS) dicte finalmente que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.

Así lo ha indicado durante su intervención en el Foro Cinco Días, en el que la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene ya elaborado un "plan" en caso de que la sentencia resulte finalmente favorable a los compradores de vivienda, una vez que el TS anuncie su decisión definitiva tras haber retomado este martes el debate.

Salvar el déficit

Montero ha explicado que, una vez que se conozca la decisión, el objetivo es coordinar las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras, y que se haga "compatible" en la medida de lo posible que la reclamación de los afectados coincida con la reclamación a las entidades financieras para que ese "déficit" no lo tengan que soportar las cuentas públicas.

Según la ministra, el impacto en las arcas públicas en el espacio que iría desde que los afectados reclamen a las comunidades el impuesto y la administración haga lo propio a la banca --en el que el Estado se encargaría de abonar temporalmente las cantidades-- sería de en torno a "cuatro o cinco décimas" de PIB y por tanto podría poner en riesgo la salida de España del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) en el que lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB. Montero ha subrayado que si se produjese dicho impacto, el Gobierno hablaría con Bruselas para que tenga en cuenta que esa desviación de cuatro o cinco décimas en el déficit no obedece al Estado sino a esta circunstancia sobrevenida. En cualquier caso, desde Hacienda confían en que en el fallo se refleje con nitidez el pronunciamiento para acometer las actuaciones que correspondan.

El Gobierno, "expectante"

En declaraciones a los periodistas , Montero ha señalado que el Gobierno está "expectante" por el pronunciamiento del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, si bien ha insistido en que el Gobierno tiene estudiados los "distintos escenarios".

La discusión de los 28 miembros del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se prolongó ayer durante unas ocho horas sin que se alcanzara un acuerdo y se ha retomado de nuevo este martes. "Estamos todos expectantes para escuchar la liberación de la sala del Supremo, de la declaración que se formule oficialmente", ha dicho Montero.