La Generalitat de Catalunya pretende dar más visibilidad al juicio contra los líderes del procés mediante la contratación de observadores internacionales. El gobierno de Quim Torra desea que estén presentes en el Tribunal Supremo durante todos los meses que dure el litigio, y busca la fórmula para lograr su objetivo sin incurrir en choques con la legalidad.
Según publica El Confidencial, la Generalitat baraja varias opciones para contar con estos observadores. Una de ellas es contratarlos por sí misma, aunque parece poco probable, visto el precedente del referéndum ilegal del 1 de octubre. En aquella ocasión ya lo hizo, y los pagos que se hicieron fueron una de las causas de que se le acusara de malversación.
El Síndic y el 'Consell per la República'
El Govern tiene otras opciones sobre la mesa. Y una de ellas es recurrir al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha solicitado al Consejo de Europa que envíe a los observadores al juicio. Eso evitaría el problema de los pagos, pero no está garantizado que la UE vaya a hacerle caso, ya que la justicia española no está cuestionada en Europa.
La otra posibilidad es hacer uso del denominado Consell per la República, la entidad privada que preside el expresidente huido Carles Puigdemont desde Bruselas. Dicho organismo está recaudando fondos fuera de España y podría hacerse cargo de los pagos a los observadores.
Letrados afines
Y estos últimos serían personas muy cercanas y afines al gobierno catalán. En concreto, la Generalitat está en conversaciones con los abogados que defienden a Puigdemont y al resto de los huidos, como los letrados Ben Emmerson, Paul Bekaert o Aamer Anwar, según afirma dicho digital citando fuentes de Palau.
Desde la Generalitat creen que la presencia de estos observadores internacionales permitiría tener en primer plano internacional los juicios.