La Generalitat de Cataluña abre un nuevo capítulo en la pugna por la concesión de ATLL a Acciona. El gobierno catalán mira por su bolsillo y se defiende ante la reclamación de más de 1.000 millones de euros que la empresa pide como compensación. El secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, Albert Castellanos, asegura que Acciona sobrevalora los costes asociados a la liquidación del contrato de gestión.

En concreto, las palabras de Castellanos apuntan que esta cuantía "se aleja mucho" de los cálculos que se encuentra realizando la Generalitat al respecto. La indemnización a Acciona será determinada por la comisión liquidadora creada por el Govern a tales efectos, por lo que aún no existe una cifra concreta por parte del ejecutivo catalán. Pero Castellanos ya ha asegurado que los cálculos de ambas partes serán "muy distantes".

La comisión liquidadora

La comisión liquidadora está integrada por varios departamentos de la Generalitat en relación con la concesionaria de Aguas del Ter Llobregat. Por ello tiene representantes del departamento de Territorio; de Vicepresidencia y Economía (Albert Castellanos); el Gabinete Jurídico de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

Castellanos no ha dado detalles de las cifras que maneja esta comisión. Se ha excusado en que el tema es "sensible" para la Generalitat y por ello las cuentas deben tener "validación técnica total" y estar "plenamente contrastadas". Sí ha destacado, sin embargo, que el informe sobre ATLL se presentará antes de que termine el año ya que la investigación "está a punto de acabar".  

Impacto en las arcas públicas

El secretario de Economía comenta que el conflicto por ATLL "probablemente" no impactará en la tesorería de la Generalitat en este ejercicio, Confía en que la empresa --ahora denominada ATL-- se financie en un futuro con recursos propios. 

Castellanos ha descartado que pueda existir una vía "tranquila y pacífica" para solucionar la indemnización de ATLL a Acciona. Ha destacado que en esta problemática existen "intereses económicos relevantes" que dificultan la llegada a un acuerdo por ambas partes. Por ello insiste en que deben estar "muy seguros" antes de "poner cualquier cifra sobre la mesa".