Los objetivos del recién creado Consejo para la República, una especie de gobierno paralelo a la medida del huido Carles Puigdemont, son tan difusos como su propia web, que incluye un tratamiento de datos personales que podría vulnerar la ley de protección de datos y las normas europeas. A continuación, seis ejemplos de la cara oculta de este nuevo chiringuito independentista.
1. Una pasarela de pago
El Consejo nace con vocación construir la república catalana “desde abajo”. Por ello, consell.republicat.cat crea un registro de voluntarios abierto a cualquier persona, sin límite edad u origen --anoche alcanzaba ya los 13.000 inscritos--. Siempre y cuando se paguen 10 euros. Dicho de otra manera, el objetivo es recaudar fondos para financiar la internacionalización del procés de cara a los juicios por el referéndum del 1-O.
Carles Puigdemont durante la presentación del Consejo para la República en el Palau Sant Jordi / CG
2. Web alojada en un servidor de Estados Unidos
El Consejo de la República ha abierto una web alojada en un servidor de Estados Unidos, nationbuilder.com. Si con ello se pretendía eludir las leyes españolas, el gobierno virtual de Puigdemont se equivoca. El artículo 4 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que “a los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación” lo dispuesto en esta norma. Asimismo, los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio español “quedarán sujetos, además, a las obligaciones previstas en esta ley, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales que sean aplicables”.
3. Política de privacidad versus aviso legal
Juristas consultados por Crónica Global subrayan la contradicción existente entre la política de privacidad y el aviso legal que aparece en la web consell.republicat.cat. Mientras en el aviso legal se indica que el titular de la web es el Consejo de la República, en la política de privacidad se asegura que lo es el “Govern de la República”, tanto a efectos de tratamiento de las datos personales. En ambos casos, el correo de contacto es consell@republicat.cat
4. DNI o pasaporte ¿para una base de datos?
Para poder realizar aportaciones a la causa es necesario rellenar un formulario en el que se pide la identificación del donante. Especifica la web que si se utiliza el pasaporte, es necesario acompañarlo con una factura para poder comprobar los datos. Pero en el caso del DNI, ya no es necesaria esa comprobación. Estos expertos consultados temen que, detrás de esa diferencia, exista ya una base de datos a disposición de la Generalitat que no podría utilizar, ya que se trata de una competencia estatal.
5. Opiniones políticas, lo que dicen las normas de la UE
Resulta obvio que quienes se inscriben en esta web están dando apoyo al derecho a la autodeterminación. Sin embargo, las normas europeas son muy estrictas en este sentido. El artículo 9 del reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la la libre circulación de estos datos, indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”. La excepción a esa prohibición pasa por que el interesado “de su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales”.
6. ¿Iniciativa pública o privada?
La Generalitat ha subrayado que el Consejo para la República es una iniciativa privada, es decir, que no estará financiada con fondos públicos. Sin embargo los impulsores de este nuevo chiringuito independentista aseguran que habrá una estrecha conexión entre el Gobierno real y el virtual. Y que el siguiente paso es crear una asamblea de electos, que se une al Consejo Asesor del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente. Órganos todos ellos muy difusos en cuanto a competencias y financiación, ya que el Govern pretende soslayar la acción de la Justicia. Sin embargo, la creación de estas pseudoinstituciones ha dado lugar a situaciones surrealistas, como el hecho de que, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSC, la Generalitat asegurara que no le constaba ningún Consejo de la República para, a continuación, invitar al acto de presentación a la portavoz Eva Granados.