ERC quiere ser considerado un buen gestor de las finanzas públicas catalanas. Este es el fin que perseguiría la directriz que se ha mandado desde la vicepresidencia de Economía y Finanzas, encabezada por Pere Aragonès, con el objetivo de que todas las consejerías limiten lo máximo posible el gasto en lo que queda de ejercicio. Según explican fuentes de su entorno, se ha pedido que las reservas disponibles se limiten únicamente a la puesta en marcha de concursos públicos de cuantías menores. Los de mayor impacto económico se aparcan.

Otros interlocutores financieros destacan que la fórmula más rápida para reducir el déficit público pasa, precisamente, por el cierre del grifo inversor. Afirman que el impacto contable es inmediato, pero que esto tiene consecuencias nocivas a medio y largo plazo por la no ejecución de proyectos estratégicos. Especialmente en materia de infraestructuras, donde los empresarios catalanes denuncian retrasos endémicos tanto por parte del Generalitat como del Gobierno.

Objetivo electoral

Pero el objetivo que persiguen los republicanos es electoral. El entono de Aragonès relata que una de las bazas que se intentará poner en juego en las próximas elecciones catalanas es la de haber saneado las finanzas de la Generalitat. Se trata de un elemento diferencial sustancial respecto a sus socios actuales en el Govern y rivales en los comicios, PDeCAT.

La Sindicatura de Cuentas ha aforado esta semana la mala gestión que se realizó durante los dos mandatos de Artur Mas. Especialmente en la gran política que se promovió para atajar las tensiones de tesorería, la venta de patrimonio. Se calcula que 14 edificios se vendieron por debajo de su coste y que incluso se llegaron a firmar dos transacciones sin ni siquiera pedir la tasación de los inmuebles. Además, se calcula que los alquileres asociados a las operaciones que tuvieron lugar entre 2011 y 2014 supondrán una carga de unos 787 millones de euros para las arcas catalanas hasta 2034.

Política de Junqueras

Las mismas fuentes señalan las diferencias entre este contexto económico y el que se encontró tanto Oriol Junqueras como su sucesor, Aragonès, al convertirse en vicepresidentes económicos. La recuperación y el inicio del consumo, además de la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, ayudaron a desapalancar el presupuesto catalán.

Estos vientos de cola no llevaron a un cambio en la política inversora. Ya en el mandato anterior la plataforma pública de contratación se ha limitado a cuestiones casi imprescindibles, como el concurso de material para diabéticos que el Institut Català de la Salut (ICS) abrió a finales de 2016. Valorado en 55 millones de euros, acabó judicializado por los errores técnicos del proceso, otro de los factores que se ha repetido en las últimas grandes licitaciones.

Ventaja económica del 155

Los planteamientos económicos de Aragonès también sacarán tajada de la vigencia del artículo 155 en Cataluña. Mientras el Estado ha ejercido su control sobre la Administración catalana se ha paralizado la actividad inversora de la Generalitat. Sólo se ha mantenido el gasto indispensable para no colapsar el día a día de la institución.

Es precisamente este funcionamiento casi autónomo de la Generalitat el que también alarma a las fuentes consultadas. Explican que la parálisis en desarrollar iniciativas sin que se gripe el día a día de la Administración catalana incide en la desafección política. Se alerta de las consecuencias de esta distancia cada vez mayor entre los ciudadanos y sus instituciones públicas.