El Congreso de los Diputados convalidará este jueves el real decreto ley que permite a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Con la nueva norma, el Gobierno interviene en este sector para limitar la presencia de coches de Uber y Cabify en las ciudades españolas. El Ejecutivo cede así a las presiones del sector del taxi, que celebra los cambios legislativos impulsados por los socialistas.
La votación se realizará a media mañana, y está previsto que voten a favor el PSOE (84 escaños), Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (67), Compromís (4), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), ERC (9) y PDeCAT (8), que en total suman 174 apoyos. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez contará con el apoyo de casi todos los partidos que votaron a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Cs y PP, en contra
En el debate de esta mañana en el Congreso se han posicionado en contra los portavoces del PP (134), Ciudadanos (32) y Foro Asturias (1), que suman 167 escaños, mientras que UPN (2) y PNV (5) se abstendrían.
Los nacionalistas catalanes (ERC y PDeCAT) han solicitado al Gobierno que el real decreto ley sobre VTC sea tramitado como proyecto de ley para incluir enmiendas. Lo que más preocupa a los partidos independentistas es que se tenga que indemnizar a los propietarios de las VTC como consecuencia de los cambios legislativos, por lo que exigen al Gobierno que se haga cargo de estos pagos.
Período de transición
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado en defensa de la norma que el objetivo principal es "situar a las VTC en el ámbito competencial que deben estar", en referencia a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ábalos ha señalado que el Gobierno "no se ha quitado el problema de encima" ante las acusaciones de algunos partidos, y ha precisado que han situado las VTC "en el marco normativo que le corresponde, constitucional y administrativamente".
El ministro de Fomento José Luis Ábalos durante su intervención en el Congreso / EUROPAPRESS
La ley incluye un período de transición de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación. Esta moratoria servirá a las VTC existentes seguir operando cuatro años más en el ámbito urbano antes de que se aplique la nueva norma. No obstante, el real decreto ley admite que, en determinados casos debidamente justificados, pueda ampliarse el plazo en dos años más para recuperar la inversión a las VTC que lo soliciten, si no pueden acceder a una segunda autorización en el ámbito urbano.
Presiones desde Barcelona
La alegría contenida de los taxistas es palpable a pocas horas de la aprobación de estos cambios legislativos en el sector de las VTC. Los taxistas han encontrado en el Gobierno socialista un nuevo aliado tras las huelgas y presiones ejercidas durante el verano en las ciudades españolas. La asociación ELITE Taxi mostraba este miércoles su apoyo al ministro de de Fomento José Luis Ábalos a través de Twitter: "Vemos muchas sillas vacías en el hemiciclo. Pues es una pena porque se están perdiendo la lección de política que está dando José Luis Ábalos. Muchos debería aprender y tomar nota. Hola, Albert Rivera".
Las simpatías hacia el PSOE llegan después de las presiones del taxi durante el verano hacia el Ejecutivo, con un especial protagonismo de la huelga del sector en Barcelona. Más de siete días de paros colapsaron el centro y los accesos a la ciudad, con el que consiguieron marcar la agenda mediática y política durante parte del verano. La mayor reivindicación de los taxistas durante esas jornadas era la necesidad de hacer cumplir el ratio 1/30 entre licencias de conducción de vehículos (una de VTC por cada 30 de taxis) que se encuentra ampliamente superada en determinadas ciudades, como Madrid y Barcelona.