Ada Colau actúa a la desesperada para salvar a cualquier precio el fiasco de la multiconsulta que el pleno del Ayuntamiento rechazó el pasado abril. La alcaldesa de Barcelona se apoya ahora en un informe del secretario municipal según el cuál es imposible oponerse a un acuerdo que persigue dar luz verde a la votación popular, según ha podido saber este medio. Fuentes de la oposición han asegurado que con este “chantaje político” Colau intenta forzar la votación de los grupos en un determinado sentido que le favorece.

Con el informe en la mano, la primer edil de la Ciudad Condal ha amenazado a los concejales de la oposición de que si votan de nuevo en contra de la consulta cometerán prevaricación. Sin embargo, algunos de los que han recibido las primeras presiones han realizado consultas en el ámbito jurídico que, como primera conclusión, consideran que desde un punto de vista legal “lo correcto es votar en contra”.

El riesgo de apoyar al equipo de gobierno

De acuerdo con las primeras consideraciones de los especialistas en derecho administrativo que examinan la situación el mayor riesgo “es votar a favor de esta multiconsulta”. La votación popular que persigue el equipo de gobierno de Barcelona en Comú tiene por finalidad --como ha publicitado el Ayuntamiento de Barcelona, con el lema “Remunicipalitzem Barcelona”-- extinguir el contrato de suministro domiciliario de agua que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) otorgó a Agbar en 2012. Así lo han dicho sus promotores, y así lo ha repetido la alcaldesa en múltiples declaraciones como muestra de su obsesión contra la concesionaria.

El reglamento de participación municipal prohíbe, según varios concejales que han recibido las presiones, hacer consultas sobre contratos en ejecución y que perjudiquen a terceros, como sería el caso que preocupa a Colau y a su equipo. El Reglamento no exige que los contratos tengan que ser únicamente otorgados por el propio consistorio. En abril, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona dijeron que se podía hacer la consulta siempre que se acreditase que no existía perjuicio para ningún contrato en vigor.

Nuevo informe para ganar el pulso

En aquella ocasión los servicios jurídicos no vieron en el expediente administrativo ningún documento que dijese que la consulta cumplía con ese requisito. Algunos concejales votaron contra su realización, entre otras razones argumentadas porque no recibieron garantías de que lo que se pretendía votar cumplía con la normativa municipal.

Prueba de la fijación de Colau con el suministro de agua es que, cinco meses más tarde, el consistorio ha elaborado un nuevo informe jurídico que dice lo siguiente: en el expediente administrativo se incluye un informe que sostiene que la consulta no afecta a ningún contrato. En concreto se matiza esta afirmación al especificar que no afecta a ningún contrato “otorgado por el ayuntamiento”.

Una argucia poco fiable

La argucia legal con la que el equipo de Barcelona en Comú pretende poner en marcha la consulta se sitúa en el plano de las diferentes administraciones superpuestas: el contrato al que afectaría no ha sido otorgado por el consistorio sino por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una entidad supramunicipal que está formada por Barcelona además de otros consistorios vecinos.

Esa argucia interpretativa es la que el grupo municipal de Colau esgrime ahora para convencer a los concejales de que pueden votar sin incumplir la legislación a favor de la consulta, ya que solo afectaría al contrato otorgado por el AMB y eso no está regulado en el reglamento barcelonés. El equipo de gobierno municipal intenta que los mismos ediles que le dieron la espalda en su anterior intento de referéndum le permitan ahora sacarlo adelante.

¿Qué es prevaricar?

La figura del delito de prevaricación exige dictar desde el ámbito público una resolución arbitraria e injusta a sabiendas de su injusticia. ¿Quién prevarica? –se pregunta uno de los regidores– ¿Quién vota una consulta cuyo lema pretende poner fin al contrato de Agbar y defender al mismo tiempo que la consulta no afecta a ningún contrato o el que vota en contra de la consulta porque el Ayuntamiento no tiene competencia sobre la gestión domiciliaria de agua y no quiere cargarse el actual modelo de la gestión metropolitana de un servicio público?

La cuestión se convertirá en elemento de debate durante esta semana, por delante de los problemas de la ciudad con la inseguridad ciudadana, el comercio, el descontento vecinal y otros. Es “la nueva cortina de humo de Colau para esconder los problemas reales de la ciudad”, señalan concejales tanto del PP como de ERC. De acuerdo con las últimas encuestas realizadas sobre la ciudad de Barcelona, el servicio de suministro de aguas es de los que menos preocupan a sus ciudadanos.