Todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona excepto la CUP han pedido este miércoles al Gobierno de Ada Colau que mantenga la unidad antidisturbios (USP) de la Guardia Urbana y que dé marcha atrás en la creación de la Unitat de Reforç a la Proximitat i les Emergències (Urpe) que prepara para sustituirla.
Hasta tres grupos --PSC, PP y Cs-- han presentado una propuesta en la comisión municipal de Presidencia en la que exigían a la alcaldesa poner fin a su intención de disolver la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. Las tres proposiciones han salido adelante con los únicos votos en contra de Barcelona en Comú y la CUP.
"La Guardia Urbana no tendrá una Brimo"
La propuesta de Cs pide al Gobierno parar la liquidación de "las unidades antidisturbios" de la Urbana, lo mismo que la del PP, mientras que la del PSC añade a esta petición ampliar la plantilla de la Guardia Urbana y dotarla de más recursos económicos.
El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha advertido durante la comisión que "la Guardia Urbana no tendrá una Brimo", en referencia a la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.
Protesta de los trabajadores
Recasens ha resaltado que están previstos cambios en la USP desde el Plan Director de la Guardia Urbana, y ha insistido en que la creación de la Urpe implica cambios fundamentales de funciones, por lo que no es sólo un cambio de nombre. Según Recasens, sin estos cambios "la unidad quedará anclada en el pasado".
Durante el debate han estado presentes diversos representantes del sindicato Csif, cuyo secretario de Administración Local, Eugenio Zambrano, ha interpelado a Recasens que "sus argumentos carecen de rigor y faltan a la verdad", por lo que ha pedido su dimisión. Tanto Csif como el sindicato Sapol han asegurado esta semana que el Ayuntamiento miente cuando habla de nuevas funciones en la futura nueva unidad, y tachan la medida de ser un cambio de nombre.
Una imagen de diversos miembros del sindicato Csif protestando por la liquidación de la USP
Una imagen de diversos miembros del sindicato Csif protestando por la liquidación de la USP
Críticas de la oposición
El concejal de Ciudadanos Paco Sierra ha criticado que los miembros de la USP tengan que pasar unas pruebas para acceder a la nueva Urpe en vez de hacerlo de forma automática, y se ha preguntado si lo que quiere la alcaldesa es una "policía política" con agentes afines. El edil ha destacado que “Colau debería aclarar si esta decisión obedece a criterios políticos y partidas” por encima del “derecho a la protección y la seguridad que tenemos todos los barceloneses”.
La socialista Carmen Andrés ha afirmado que "no se entiende por qué se crea una nueva unidad y se deshace la USP". "¿Cuál es el objetivo?", ha preguntado de forma retórica, y a continuación ha explicado que "parece que quieren hacer una selección de personal de forma encubierta, provocando el desánimo entre los agentes que trabajan en la USP".
Alberto Villagrasa (PP) ha opinado que el cambio es una "vendetta personal de la alcaldesa y sus amigos" y una purga en la USP, y ha dicho que el problema de Colau es que nunca ha creído en la Guardia Urbana.
Suspicacias de la CUP
Jordi Martí (PDeCAT) ha pedido al Gobierno de Colau "parar máquinas" y frenar el cambio respetando la opinión de la mayoría del consistorio y de los sindicatos. El republicano Jordi Coronas ha afirmado que la ciudad necesita una unidad especializada en funciones de este tipo y que la medida es simbólica, un cambio de nombre.
La concejal de la CUP Maria Rovira ha sido la única que se ha mostrado partidaria de disolver los antidisturbios, aunque la antisistema no se fía de Colau. Rovira ha exigido conocer las competencias que tendrá la Urpe, y ha aseverado que el Gobierno de Colau incumplirá su promesa electoral.
Sin soluciones a las jubilaciones
En la comisión también ha prosperado una proposición de ERC para instar al Gobierno municipal a presentar en la siguiente comisión un informe sobre el número de agentes de la Guardia Urbana que cumplen con los requisitos para acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años.
Coronas ha reclamado más agentes para sustituir a los policías locales que se jubilarán, mientras que Recasens ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene la solución a la falta de agentes: "Quién no hizo los deberes fue el Gobierno central del PP, que no nos dio respuesta a la petición para una nueva promoción".