Los nacionalistas catalanes habían realizado un inventario de los bienes inmuebles que el Estado tiene en terriotorio catalán, en la lista que habían realizado los valoraban en casi 20.000 millones. Según los informes aportados al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil, a marzo de 2017, argumenta que esa era la cantidad que estimaban que valían los 4.630 edificios y terrenos estatales.
El informe que habían realizado los independentistas y que la Benemérita considera "extenso", los separatistas habían realizado un análisis estadístico de las propiedades inmobiliarias del Estado en Cataluña. En el inventario se distinguía entre si son de los ministerios, de otras entidades públicas, de si eran urbanos, urbanizables o rústicos y, finalmente, si eran infraestructuras sometidas al impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Inventario
El informe determina que el Estado tiene unos 126.363.352 metros cuadrados repartidos entre 4.630 bienes inmuebles. También apunta que de los 683 edificios pertenecen a los ministerios y 3.947 a otras entidades públicas. Del total, 3.056 corresponden a edificaciones; 808 son terrenos urbanizables o suelo urbano no edificado y 686 son bienes de características especiales.
La Guardia Civil halló esta documentación en casa del entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, dependiente del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy en prisión.
Futura negociación
El informe de Salvadó era "clave" para una posible negociación en el futuro con el España. Aunque también se valoraba poder incorporarlos a la futura República.
"Su conocimiento es clave a los efectos de la futura negociación para su distribución, pero también para poder realizar un mapa de demanda agregada de necesidades inmobiliarias de la República y su provisión que habrá de provenir, en parte, de los inmuebles del Estado en Cataluña, que se incorporarán al Patrimonio de la Generalitat", apunta de manera textual el texto de político independentista.
Establecer un metodología
En el inventario se recomendaba establecer "una metodología, fijar los datos básicos como los usos, hipótesis de valor de mercado, etc... a partir de la viabilidad del acceso a la información que lo hace posible".
El en informe incautado por la Guardia Civil establece que en marzo de 2017 se puede ver que el intento de inventariar los bienes del Estado en esta comunidad autónoma era de antes, ya que cita a otros informes de septiembre de 2015 y enero de 2016 sobre la distribución de activos y pasivos, en los que, señala, no se identificaba un inventario de activos inmobiliarios del Estado.