La Fiscalía tiene intención de imputar el delito de rebelión para los procesados independentistas, pero en su grado mínimo. El escrito de acusación podría presentarse la semana próxima, una vez que el Tribunal Supremo conforme la instrucción del juez Pablo Llarena, según ha informado la Cadena Ser.
La intención del Ministerio Público, que debe ser avalada por la Fiscalía General del Estado, es mantener la acusación por un delito rebelión para los presos y pidiendo condenas mínimas por este delito cuya horquilla penal arranca en los quince años de cárcel.
Como se sabe, la petición de condena se puede modificar a los largo del juicio, cuya sentencia, según algunas fuentes, se dictará después de las elecciones municipales.
El criterio inicial
El Código Penal contempla penas de entre 15 y 25 años de carcel por rebelión, en el caso de los jefes de la misma; entre diez y quince para los mandos subalternos, y de entre cinco y diez para los participantes.
La Fiscalía mantiene el criterio que contempla las dos querellas iniciales que dieron lugar a la instrucción de Llarena, por lo que imputa a los dirigentes políticos y sociales del procés pudieron el delito de rebelión por los disturbios callejeros del 20 y 21 de septiembre de 2017 --asedio a la comitiva judicial en la Consejería de Economía-- y avanzar hacia la independencia.
Precisamente hoy, Quim Torra ha participado en la acción Cims per la Llibertat, una ascensión simultánea de 18 cimas de Cataluña para pedir la libertad y concienciar sobre la situación de los "presos, exiliados y represaliados políticos".