El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha anunciado su dimisión una semana después de su detención por un posible delito de corrupción. Fuentes de la diputación, han confirmado que la decisión se ha adoptado después de la reunión mantenida la pasada noche con la dirección nacional del PDeCAT. Tras ser puesto en libertad el pasado día 2 de octubre, Reñé negó haber recibido ningún tipo de comisión o actuar en "beneficio de nadie".
Su detención se debía, según sus propias palabras, a un interés de los Mossos d'Esquadra por"desacreditar su honorabilidad". Entre las personas que fueron detenidas junto a Joan Reñé, figuran cargos de la corporación provincial y empresarios. La operación pretende desmantelar una trama de presunto pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública.
Reñé dice que da este paso atrás para "preservar la honorabilidad" de la institución. Sin embargo, la diputación recuerda que no es una "persona imputada" hasta que declare ante el juez.
Dimisión por presiones externas
Joan Reñé fue relacionado con la donación de distintas cantidades a la extinta fundación CatDem, que presidió el ahora cerebro de la Crida Nacional, partido de Carles Puigdemont, Agustí Colomines.
El ya expresidente de la diputación comunicó ayer por teléfono a los alcaldes de la provincia que cesaría de su cargo. En su comunicación a los primeros ediles de la zona aseguró que ha tomado la decisión de forma meditada tras las tensiones externas, pero también las internas. Sostiene Reñé que las acusaciones de corrupción que se ciernen sobre él son "calumnias". Pide también tiempo y confianza a los munícipes de la zona.
Presuntas comisiones del 3% al 8%
Cabe recordar que el expresidente de la Diputación de Lleida fue detenido junto a la jefa de organización y gestión del organismo, Marlen Minguell, amén de Jordi Benet, el responsable del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat de Cataluña en la provincia. En total, los Mossos d'Esquadra pusieron bajo custodia policial a 26 personas.
La policía autonómica actuaba por la tutela del juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, que investiga el presunto pago de comisiones ilegales de empresas constructoras a altos cargos de la diputación a cambio de contratos amañados.