Los cuatro diputados de Junts per Catalunya procesados y suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han enviado una carta en la que asumen que su voto no serán válidos, después de que la Mesa del Parlament haya votado a favor del informe de sus letrados. Este dictamen avisaba de la ilegalidad de la fórmula utilizada por JxCat que a diferencia de ERC, se niega a nombrar sustituto para los procesados para garantizar las mayorías parlamentarias. ERC y PSC han formado mayoría en la Mesa, con la abstención de Ciudadanos, por lo que el Parlament no validará los votos de los cuatro convergentes.
La carta manuscrita está firmada por Carles Puigdemont (Waterloo), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (cárcel de Lledoners), quienes entienden que su "decisión de mantener la delegación de voto en el portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya es perfectamente ajustada a derecho. Consideramos que esta delegación sólo puede ser rechazada desde una argumentación supeditada da las posibles coerciones de un órgano ajeno al poder legislativo".
Los diputados suspendidos quieren votar
Añaden: "Si finalmente la decisión de la Mesa es impedir el ejercicio de nuestro derecho a voto debemos manifestar que nosotros asumiremos la decisión y nuestros derechos dejarán de ser contabilizados".
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Carta de Carles Puigdemont desde Waterloo
“Nuestra voluntad –añaden-- ha sido y sigue siendo la de preservar la soberanía plena del Parlament y mantener la mayoría de Gobierno actual. En coherencia con esta voluntad manifestamos y pedimos respeto por la decisión que los demás diputados encausados por el Supremo hayan podido tomar. Del mismo modo pedimos que nuestra decisión sea también respetada”.
Aseguran estar convencidos de que “la mayoría de 61 escaños permitirá mantener el actual Gobierno y seguir impulsando el proyecto republicano. Trabajaremos para que la vulneración del derecho a la representación política y la alteración de las mayorías resultantes del 21D sean tomadas en consideración por parte de los organismos y tribunales internacionales”.
Avisan de que “otra vez iremos a Europa y al mundo a encontrar la justicia que el Estado español nos niega y se niega a sí mismo.
Alentamos a seguir trabajando con adhesión a los valores democráticos y desde el compromiso y la movilización ciudadana y los principios de la no violencia”.