El cambio de gobierno tras la moción de censura ha sacado nuevamente a relucir hasta qué punto el control de la radio y televisión públicas forman parte de la agenda política del ejecutivo de turno.

Las acusaciones de esta injerencia del poder público en el caso de Radio Televisión Española (RTVE) vienen de lejos y con independencia del color del partido de gobierno. Los datos más recientes que existen sobre ello muestran que esta dependencia del poder político que sufren los medios públicos se extiende también a los privados.

El informe más actualizado es el del European University Institute, elaborado en 2016 y titulado Monitorizando los riesgos para el pluralismo mediático en EU y más allá, que aborda cuatro áreas de análisis (Independencia política, Pluralismo de mercado, Inclusión social y Protección básica). Los resultados indican que, en España, el área de Independencia política es la que registra un riesgo mayor (54%) de no cumplirse.

Control político

En esta área en concreto, el indicador Independencia del gobierno y la financiación de los medios de titularidad pública obtiene un resultado de alto riesgo (83%) y se debe principalmente a la influencia del gobierno en la gobernanza del ente público.

Desde el año 2013, el Ejecutivo designa al presidente y la junta directiva de la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE). El anterior Gobierno de Mariano Rajoy reformó el mecanismo de tal forma que ya no se requería un amplio consenso entre los partidos políticos --dos tercios de la Cámara Baja-- para nombrar el Consejo de Administración de la CRTVE, sino que bastaba con una mayoría absoluta.

Esta falta de independencia también se observa --abundan los autores del estudio-- en los entes públicos regionales: "Otro caso preocupante ocurrió en febrero de 2016, cuando fueron designados los nuevos directores de la televisión pública catalana (TV3) y de la radio pública catalana (Catalunya Ràdio), ambos con afinidad política con los partidos gobernantes en Cataluña".

Asimismo, los principales sindicatos de TV3 han denunciado en más de una ocasión “la repartición de cargos” en la Corporación entre los partidos al frente del Gobierno autonómico, Junts per Catalunya y ERC.

¿Autonomía editorial?

El resto de los indicadores de esta área ofrece un riesgo medio, a excepción de Autonomía editorial y Control político sobre los medios, que según el informe del European University Institute “muestran alarmantes señales de peligro”.

A este respecto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa expresó en 2013 su preocupación por la presión política sobre los organismos públicos de radiodifusión en algunos países, incluido España. La Asamblea destacó, entre otros puntos, que los organismos públicos de radiodifusión deben estar protegidos contra la interferencia política en su gestión cotidiana y sus trabajos editoriales.

Cambio de directores

Otro de los puntos más relevantes del informe es el que afirma que las “presiones políticas también afectan a los medios de comunicación privados”. Entre diciembre de 2014 y 2015 dimitieron tres directores de tres de los periódicos españoles más importantes (El País, El Mundo y La Vanguardia). Más recientemente, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el diario del grupo Prisa también sustituyó a su dirección. Asimismo, El Mundo ha contado con tres nuevos directores en los últimos dos años, de 2016 a 1018.

Según destaca el informe, estas renuncias estaban relacionadas con intereses políticos y económicos.

El papel de la CNMC

El papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también se ha visto en entredicho por su falta de independencia política. De acuerdo con el informe, “ha habido incluso llamadas formales de la Comisión Europea al Gobierno español para preservar la independencia de la autoridad reguladora”.

La ley establece que la CNMC está bajo el control del Parlamento y los miembros de los órganos rectores deben ser nombrados de manera transparente. En el momento del análisis, no obstante, 8 de cada 10 miembros fueron nombrados por el Partido Popular, por lo que no reflejan el pluralismo de los grupos parlamentarios en el Parlamento.

El propio presidente de la CNMC reivindicó la necesidad de independencia política y financiera para actuar con “legitimidad, credibilidad y eficacia”.

El papel del CAC

Lo mismo sucede con el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) que, en la práctica, dista de su razón de ser: un órgano autónomo de fiscalización de los medios tanto públicos como privados.

El ente regional ha sido denunciado en varias ocasiones por parte de entidades como Societat Civil Catalana (SCC) o Convivencia Cívica Catalana (CCC) por su “deriva progubernamental”. Como desveló Crónica Global, el CAC ocultó incluso en su momento información a la Junta Electoral para beneficiar a TV3.

El informe concluye que "la independencia política de los medios de comunicación, públicos y privados, está fuertemente cuestionada en España" y alude a informes previos sobre la manipulación progubernamental de los medios de comunicación públicos, tanto en el ámbito estatal como regional.