El Gobierno español ha pedido tranquilidad al Fondo Monetario Internacional (FMI), después de que éste le haya recomendado un “ajuste fiscal”, mantener el “espíritu" de la reforma laboral y no subir las pensiones.

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha confirmado el compromiso "inquebrantable" del Ejecutivo de revalorizar las pensiones acorde al IPC real. Y ha apuntado que también se adoptarán medidas en materia de sostenibilidad social.

"Garantizar el poder adquisitivo"

La titular del ministerio ha realizado estas declaraciones en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, después de que el FMI alertara este miércoles que vincular las pensiones al IPC podría poner en peligro la sostenibilidad del sistema. 

Valerio ha confirmado la intención del Gobierno de subirlas "para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas" y hablar de "financiación del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social (SS) en general". "No podemos actuar solo en uno de los dos puntos, sino en los dos", ha añadido.

La ministra ha transmitido al FMI que en España se está creando empleo, suben las afiliaciones a la SS y que las cotizaciones aumentan por encima de un 5% más que los gastos. "Estoy segura que como país seremos capaces de garantizar el presente y el futuro de nuestras pensiones", ha agregado.

Aumentar los ingresos

Valerio ha detallado algunas medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y sanear su déficit en cinco años, del 2019 al 2023. "Hay que reordenar gastos e ingresos", ha apuntado, tras avanzar que la financiación del sistema vía presupuestos o con un tributo especial destinado a pagar pensiones está sobre la mesa.

La ministra ha incidido en que la separación de fuentes es fundamental, como pagar reducciones de cuota y tarifas planas a cargo de los Presupuestos y no con las cotizaciones. Y se ha referido a otras medidas para aumentar las bases o para crear un convenio especial para aquellas personas que han llegado a una edad adulta con importantes carencias en la cotización, como consecuencia de la crisis.

Mercado laboral

Por otra parte, entre los ejes de actuación, el Ministerio quiere permitir la distribución regular o previsible de la jornada de trabajo, un registro horario y acabar con las horas extra fraudulentas.

Valerio quiere equilibrar la flexibilidad que demandan las empresas con el derecho de los trabajadores a conciliar, impidiendo también la modificación "abusiva e injustificada" de las condiciones de trabajo de forma unilateral por el empleador.

Salarios

En materia salarial, Valerio ha dicho que trabaja en medidas para aumentar la transparencia y evitar brechas de género o entre temporales e indefinidos, así como recuperar la causalidad en el descuelgue empresarial y la prioridad de los convenios sectoriales.

El Gobierno también quiere atajar la elevada temporalidad (del 26,8 %) y desarrollar políticas activas de empleo para colectivos como los parados de larga duración o los jóvenes.

Trabajo digno

Valerio ha destacado el Plan Director por un Trabajo Digno, con una primera fase en la que ha enviado 81.639 cartas a empresas sospechosas de fraude.

Por un lado, ha logrado ampliar la jornada a 6.292 trabajadores con contratos a tiempo parcial pero realizando jornadas completas de manera abusiva por sus empleadores, cifra que representa 12,5 % de los detectados. Asimismo, ha transformado 46.554 contratos temporales fraudulentos en indefinidos, el 57,8 % de los detectados.

A ello habría que sumar los efectos "inducidos" en empresas que actúan "de manera preventiva", ha dicho la ministra, recordando que entre agosto y septiembre, los dos meses de vigencia del plan, se han realizado 386.689 contratos fijos y convertido en indefinidos otros 147.701.