Los incidentes provocados este sábado en Barcelona, con los ataques de integrantes de los CDR hacia policías y guardias civiles que se habían manifestado en la Ciudad Condal en demanda de mejores condiciones salariales, han puesto todavía más en alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante lo que pueda ocurrir este lunes 1-O, en el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal.
De momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manda un mensaje de tranquilidad, confiando en que los Mossos d’Esquadra controlen la situación y no tengan que intervenir los miembros de la Policía Nacional.
Colaborar si hay incidentes
“Los Mossos d’Esquadra tienen la competencia en materia de seguridad pública y nuestra confianza en ellos es máxima. Nosotros vamos a estar con el ánimo de colaborar si surge algún incidente. La gente quiere sosiego”, comentaba el titular de Interior en una entrevista publicada este domingo en ‘El País’.
Respecto a la situación que se vive en Cataluña y las vías de solución que podrían plantearse, Marlaska deja clara la necesidad de diferenciar entre los aspectos y los judiciales. “Tienen que ir por caminos distintos, paralelos, no cruzarse nunca”.
Lo político y lo judicial no deben cruzarse
En ese sentido, en el plano político, “hay que generar un ambiente de tranquilidad, siempre dentro del marco constitucional”, aprecia el ministro. Y, a partir de aquí, “dar satisfacción al conjunto de los involucrados”, añade.
Al margen de esto, “si hay hechos de naturaleza delictiva, eso corresponde a la justicia”, apunta Grande-Marlaska. La misma justicia que debe, según el ministro, decidir sobre la excarcelación de los políticos independentistas, del mismo modo que debe determinar un tribunal competente sobre la existencia o no de un delito de rebelión.
En relación a las últimas manifestaciones de algunos miembros del Gobierno en relación a que, si el juicio a los líderes del procès se alarga mucho tiempo, habría que plantearse su salida de prisión, Marlaska subraya que “la prisión provisional es una medida cautelar excepcionalísima, pero su aplicación la determina el juez o el tribunal competente”.