Las relaciones entre los gobiernos de España y Bélgica se están deteriorando. Las distintas actuaciones judiciales respecto a los dirigentes independentistas que están instalados en Bruselas han incomodado al poder judicial y al Gobierno español, pero el malestar se ha incrementado con la carta de apoyo a Carme Forcadell del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, en la que cuestiona la democracia en España. Ello ha provocado el enojo de Josep Borrell, que ha llamado a capítulo al embajador belga en Madrid

El ministro de Exteriores del Gobierno español convocó la pasada semana al embajador belga, Marc Calcoen, para mostrarle ese malestar. Fue la directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa, Aurora Mejía, quien llamó el pasado 20 de septiembre a Calcoen, a raíz de la carta de Peumans.

La posición de Bruselas

El ejecutivo español sabe que Puigdemont cuenta con el apoyo del nacionalismo flamenco, pero entiende que, desde las instituciones belgas no se puede poner en juego la democracia española. Al margen de esa llamada al embajador, por tanto, el servicio diplomático español  forzó una reunión en Bruselas entre el Encargado de Negocios de España y la Dirección General de Europa del Ministerio de Bélgica.

El encuentro se produjo en el ministerio belga. Lo que ha trascendido de las diversas reuniones es que el cuerpo diplomático belga fue taxativo, al asegurar que lo que realmente debe contar es el posicionamiento del Gobierno federal, “y no el señor Peumans”. Pero eso al gobierno español no le satisface del todo, porque esos mensajes de las autoridades flamencas los airea el independentismo para consumo interno y reproduce un suspuesto conflicto entre la democracia europea y la democracia española, considerada de “baja calidad”.

Violencia

Peumans es miembro de Nueva Alianza Flamenca (N-VA), de extrema derecha, uno de los principales apoyos con los que cuenta el expresidente Carles Puigdemont. En esa carta de apoyo a Forcadell, el presidente del parlamento flamenco asegura que “las cosas han ido a peor para la democracia en Cataluña”, y que “la violencia utilizada durante las elecciones fue solo la expresión más atroz de la política antidemocrática”.

E insiste, en una carta que se entregó a Forcadell en prisión por parte del eurodiputado Mark Demesmaeker, también del N-VA, en que mantener a los políticos independentistas en prisión “es un acto todavía más insidioso, una prueba de que el Gobierno en España ya no puede cumplir las condiciones para ser parte de una Unión Europea democrática”.