La aceptación a trámite de la demanda del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros huidos contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en Bélgica se pospone durante otras seis semanas. Este es el tiempo que el Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas se ha dado para analizar si es competente o no para instruir una causa contra el magistrado español.

Así se ha decidido en una audiencia que ha tenido lugar este martes por la mañana en la capital belga. La segunda vista procedimental de la causa. En ella, los defensores del magistrado español, el equipo legal encabezado por Hakim Boularbah, se han hecho con una pequeña victoria. Han conseguido que la corte designe a una sala con tres magistrados para analizar el proceso.

La legislación de ese país prevé esta posibilidad para casos “complejos” y “excepcionales”. Se daba por sentado que la opción prosperaría. Aunque se haya apuntado como un tanto por parte de la defensa, los demandantes no se opusieron a ello.

Argumentación

Para que la justicia belga pueda tomar la decisión final, las partes deberán presentar sus alegaciones ante los responsables de realizar el análisis. Lo harán por escrito, ya que en esta parte del proceso no ha lugar a ninguna declaración presencial. Sólo se llegará a este escenario, en el que Llarena debiera declarar, si Bélgica decide finalmente que puede juzgar a un magistrado de otro país.

Este es el objetivo de los independentistas. Han alegado que no existe el marco democrático necesario para un juicio con garantías sobre España sobre la organización del referéndum ilegalizado que llevó a la declaración simbólica de la república catalana. Por su parte, la justicia española ha expresado que considera una injerencia inaudita que un tribunal extranjero entre de lleno en la causa al procés. Se apelará a la inmunidad jurisdiccional española.

Qué se analiza

De hecho, en un primer intercambio de escritos se apuntan las estrategias judiciales de cada una de las partes. La defensa de Llarena, de la que también es parte el estado español, pidió un calendario para analizar sólo la “admisibilidad” del caso. La acusación considera que esta y el “fondo” de la demanda son cuestiones indivisibles y rechaza que sean tratadas por separado.

Este debate será analizado por el mismo juzgado. Los implicados disponen de un mes pare remitir al juzgado sus argumentos sobre el calendario del proceso y las cuestiones que creen que se deberán abordar. La misma sala de este martes, con un solo representante, dispondrá de dos semanas más para tomar la decisión. Será a partir de este momento cuando la causa pase a manos del tribunal con tres representantes.

Dudas judiciales

Según el abogado y presidente del Instituto para la Investigación Interdisciplinar de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Lovaina, Jean-François Van Drooghenbroeck, el tribunal no llegará a mantener un “debate a fondo” sobre la cuestión. En declaraciones a Europa Press, afirma que tanto el derecho belga como el Internacional “protegen” la independencia de un juez en su acción jurídica.

El jurista manifiesta que el derecho civil pone en duda que un “juez belga pueda juzgar a un juez español independiente”. Afirma que no hay precedentes de que un “juez europeo independiente sea perseguido por otro juez europeo por su función jurídica”.

Bases de la UE

Por este motivo, la demanda que ha interpuesto Puigdemont y el resto de políticos huidos es un torpedo en la línea de flotación en una de las bases fundacionales de la Unión Europea (UE). Se considera que asestaría un golpe a la confianza mutua de los Estados Miembro. Y lo haría en un proceso abierto en un caso muy sensible. Aborda una cuestión de orden interno de un país de la que ha tomado distancia la propia Comisión.

La acusación ha puesto en duda la independencia de la justicia española. Defenderá este argumento para intentar que la causa contra Llarena prospere.