La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (UPyD) ha enviado al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, un informe en el que denuncia casos de "persecución de los niños que no asumen los preceptos del nacionalismo" en aulas de Cataluña. Motivo por el cual reclama a esta institución que les "proteja" de "entornos tóxicos de manipulación y fanatismo".
"Los menores sufren un entorno, que incluye el sistema educativo, en el que aquellos cuyos padres no son nacionalistas o tolerantes con el mismo, son estigmatizados, excluidos o acosados", expone Pagazaurtundúa. En su opinión, existen escuelas catalanas donde se "está transmitiendo a los alumnos valores de parte" y "contrarios al pluralismo", según su comunicado.
"Senda de adoctrinamiento"
El informe elaborado por la oficina de la eurodiputada, y titulado 'La vulneración de los derechos del niño y ataques a la diversidad en las aulas en Cataluña' denuncia que la Generalitat impulsó, desde los años 80, una "senda de adoctrinamiento" con un sistema "que transmite un imaginario nacionalista hegemónico, excluyendo a todo aquel que piensa diferente". Y expone casos de padres y madres "estigmatizados, excluidos o acosados", a su juicio, por cuestiones ideológicas.
El documento enviado al Defensor del Pueblo sostiene que esta situación se agrava para los hijos de guardias civiles o policías nacionales en Cataluña. "Se han registrado casos de docentes que recriminan a los niños ser hijos de miembros de las fuerzas del orden españolas, tachando a sus progenitores de fascistas, matones e incluso asesinos. El ejemplo de los docentes es seguido por los propios compañeros de aula. El estrés psicológico y el riesgo de agresión física han hecho que algunos de esos niños hayan tenido que abandonar sus escuelas", dice el texto.
Los casos de Sant Andreu de la Barca y La Seu d'Urgell
El informe cita casos difundidos por la prensa como el de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) o la escuela Albert Vives de La Seu d'Urgell (Lleida), donde acuden hijos de guardias civiles, cuyas familias denunciaron el trato de algunos docentes.
La eurodiputada de UPyD considera que esta situación es "excepcional" y supone una "violación" de "los principios de nuestro ordenamiento jurídico" y de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Asimismo, advierte de que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".