España carece de un gran plan estratégico contra la corrupción que englobe, no solo a los poderes públicos, sino también a la sociedad civil “cada vez más activa y vigilante”. Así opina el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Se trata de la única organización no gubernamental dedicada a combatir este tipo de delitos.
La ausencia de un reglamento que desarrolle la Ley de Transparencia, aprobada hace ya cinco años, y el impulso de la Ley Ómnibus, una asignatura pendiente en el Congreso, fueron algunos de los asuntos debatidos en la "Jornada Diagnosis y propuestas sobre Transparencia y Corrupción en España", recientemente celebrada en Madrid.
Mesa de la Jornada (de izquierda a derecha): Jesús Lizcano, Alejandro Luzón, Mar Cabrejas, Victoria Ortega y Manuel Villoria
—¿España es un país especialmente 'corrupto' respecto a otros países europeos?
—España viene descendiendo en el Índice de Percepción de la Corrupción que Transparencia Internacional elabora a nivel mundial desde hace bastantes años. En el último índice (2017) España ha obtenido en relación con el mundo el puesto 42 entre los 180 países evaluados, pero en relación con Europa obtiene un muy discreto o muy desfavorable puesto 19 entre los 28 países.
—Es una mala noticia…
—Se puede decir que existe una mayor percepción de corrupción en España que en la media del conjunto de los países europeos. En todo caso es la puntuación y la posición más baja, tanto en relación con el mundo como con Europa, que España ha obtenido a lo largo de la serie histórica de este índice.
—¿Por comunidades, existe algún territorio más infractor? ¿Qué ocurre en Cataluña?
—En España en general la corrupción se ha centrado fundamentalmente en el ámbito urbanístico y después en el de los contratos, por lo que las zonas costeras y las grandes ciudades han concentrado una mayor proporción de casos de corrupción. Cataluña es una de las comunidades que más casos de corrupción en términos judiciales ha acumulado en estos años anteriores, aunque hay otras comunidades que también tienen bastantes casos. Para conocer de forma actualizada el número de casos de corrupción se puede consultar el Repositorio de datos que, como fruto del convenio con TI-España, ha elaborado y publicado el Consejo General del Poder Judicial, y en ese repositorio de datos sobre corrupción en todos los juzgados de lo penal en España se puede consultar la información por Comunidades Autónomas.
—¿Faltan leyes para prevenir/perseguir o sobran si no hay recursos económicos que las acompañen?
—Lo primero que habría que hacer sería asegurarse de que se cumplan adecuadamente en España las leyes relacionadas con la corrupción, la transparencia, etc. vigentes. En todo caso hay asignaturas pendientes en este ámbito que urge cumplir, por ejemplo la Ley Ómnibus que se comenzó a debatir en el Parlamento, es una ley transversal que va a cambiar nueve grandes leyes relacionadas con la corrupción, la transparencia, etc. y sería muy importante y urgente que los partidos políticos y grupos parlamentarios se pusiesen de acuerdo y la aprobasen en un plazo corto.
—¿Las iniciativas en materia de transparencia llevadas a cabo en los últimos años han funcionado?
—Sería muy importante que hubiese por fin un Reglamento de la Ley de Transparencia, ley que se aprobó hace casi cinco años y que no tiene todavía el correspondiente desarrollo reglamentario, por lo que hay una enorme cantidad de lagunas y zonas difusas, así como discrecionales, en cuanto a su aplicación por parte de los organismos e instituciones públicas.
—¿La corrupción crea desafección ciudadana?
—La corrupción efectivamente ha venido creando un importante nivel de alarma, de indignación y de desafección ciudadana en estos últimos años, por lo que la sociedad se ha vuelto mucho más rigurosa y exigente en relación con los corruptos y los casos de corrupción.
—Por tanto, ¿la picaresca española es un mito?
—La picaresca afortunadamente va siendo cada vez más un mito, pero todavía hay una parte de la ciudadanía que contempla de una forma laxa o demasiado tolerante el fenómeno de la corrupción.
—En las jornadas se habló de la necesidad de un gran plan estratégico. ¿Qué ejes cree que debería incluir?
—Sería necesario efectivamente un plan estratégico a nivel de los poderes públicos, pero que englobase una participación importante de la sociedad civil, que es cada vez más activa y vigilante en estos términos. Además, tendría que cubrir todas las materias relacionadas con la integridad, la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. De esta forma sería un plan estratégico realmente integral y participativo contra la corrupción.