El juez que investiga a la familia Pujol ha encargado a la policía que revise el expediente del caso Grand Tibidabo para averiguar si la fortuna oculta en Andorra puede proceder de la descapitalización de esa compañía, que presidía el empresario Javier de la Rosa.



El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Naciona ha remitido un exhorto al juez de Barcelona que llevó el caso Grand Tibidabo para que permita a la UDEF de la Policía Nacional consultar el expediente.

"Empresario modelo"

El caso Grand Tibidabo se zanjó con una condena de tres años de cárcel a Javier de la Rosa, a quien el expresidente de la Generalitat calificaba de "empresario modelo", por el expolio de la sociedad, que provocó que más de 10.500 accionistas perdieran sus ahorros.



El juez De la Mata ha abierto esta nueva línea de investigación, que hoy avanza el periódico El País, tras recibir un oficio de la Policía Nacional que le advierte de que ha tenido conocimiento por "fuentes de comunicación públicas" de que en la instrucción del caso Grand Tibidabo se practicaron diligencias que podrían estar relacionadas con el 'caso Pujol'.

"Ímprobos ingresos" en Andorra

La Policía señala que la consulta de ese expediente judicial "pudiera servir de base para justificar parte de los ímprobos ingresos encontrados en Andorra en la época en que ocurrieron los hechos, sirviendo además para establecer un modus operandi típico y sostenido en el tiempo".



De la Mata autoriza a los agentes a consultar in situ el expediente en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que dirige Joaquín Aguirre, el magistrado que investigó en los años 90 el caso Grand Tibidabo, del que no hubo sentencia hasta 2008.

Posibles comisiones

En la instrucción de la causa, uno de los directivos imputados declaró que Grand Tibidabo había pagado comisiones de 300 millones de las antiguas pesetas por la venta de la antigua sede de la sociedad a la Generalitat, que lo adquirió por 4.100 millones.



Aunque no presentó prueba alguna, el imputado añadió que Juan José Folchi, abogado del Grupo Torras, le había asegurado que la comisión la había cobrado Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.



De la Mata mantiene imputados a todos los Pujol por la sospecha del origen ilícito de la fortuna que el clan mantuvo oculta en Andorra durante décadas, unos fondos que, según la versión de la familia, procedían de un legado que les había dejado en herencia el abuelo Florenci Pujol.