La Fiscalía no ve delito de desobediencia de Pere Aragonès, el actual vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat. El tribunal de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la causa sobre el 1-O, había pedido la imputación de Aragonès por presuntamente contribuir en la organización del referéndum después de que el Tribunal Constitucional lo prohibiera.
El ministerio público sí pide, en cambio, que se procese a Josep Maria Jové por malversación, desobediencia y revelación de secretos por el 1-O. Este era secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de Oriol Junqueras y fue detenido el pasado 20 de septiembre durante los registros a la sede del Departamento de Economía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó el 12 de septiembre a la Fiscalía un informe sobre ambos acusados. Fue después de que el juez de instrucción viera indicios de delito y pidiera elevar la causa al TSJC. La decisión del fiscal no es vinculante, pero será tomada en consideración por los jueces.
Josep Maria Jové, exsecretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, en una imagen de archivo / EFE
Josep Maria Jové, exsecretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, en una imagen de archivo / EFE
Documento 'Enfocats'
El auto de Fiscalía indica que se han producido registros tanto en el domicilio de Jové como en su despacho. Los agentes que los han llevado a cabo se han incautado de una copia del documento Enfocats --que detallaba la hoja de ruta que pensaba seguir el Govern para alcanzar la independencia--, además de varias agendas personales y dos libretas. En toda la documentación, el fiscal considera que se han encontrado "indicios suficientes sobre la participación del investigado en la ideación, desarrollo y ejecución de la hoja de ruta hacia la independencia".
El ministerio público también considera que Jové no acató las prohibiciones del Tribunal Constitucional referentes al procés. Y es que el escrito indica que fue responsable de la cesión de espacios públicos para la celebración del referéndum y que destinó funcionarios a esta tarea, además de aprobar partidas económicas para el 1-O. En cuanto a la revelación de secretos, el fiscal asegura que Jové firmó un convenio sobre el uso de datos personales de los ciudadanos para el referéndum.
Aragonès era subordinado
El texto de la Fiscalía indica en cuanto a Aragonès que en el momento de los hechos era subordinado de Jové, por lo que "no es la misma la conducta de quien, desde su relevante posición en la Administración despliega toda su influencia para la celebración del acto prohibido, que la de quien, desde una posición de subordinación [...] se limita a 'no impedir'".