La acampada independentista de la plaza de Sant Jaume se ha convertido en una auténtica patata caliente para el Ayuntamiento de Barcelona. La inminencia de las fiestas de la Mercè, que empezarán el viernes y durarán hasta el lunes de la semana que viene, han puesto en el ojo del huracán a los concentrados frente a las sedes del consistorio y de la Generalitat de Cataluña, ya que en ese mismo lugar se está instalando uno de los escenarios principales de las fiestas patronales de la ciudad.

Los acampados iniciaron su protesta el pasado 11 de septiembre, después de la manifestación de la izquierda independentista con motivo de la Diada. Lo que empezó como una manifestación de apenas una decena de personas para reclamar que se haga efectiva "la república catalana", ha pasado a convertirse en un asentamiento con cerca de 30 tiendas de campaña. La queja cuenta con el beneplácito y la plena complicidad de los actuales dirigentes de la Generalitat, que incluso han hecho gala de su apoyo a los concentrados. Sin ir más lejos, el president, Quim Torra, les saludó, animó y felicitó al día siguiente de instalarse ante sus puertas. Una deferencia que luego repitieron los consellers de Justicia, Ester Capella; de Agricultura, Teresa Jordà; de Trabajo, Chakir El Homrani, y varios diputados nacionalistas. La consellera de Cultura, Laura Borràs, agradeció ayer mismo "su compromiso" e invitó a "ir a verlos".

La Generalitat se lava las manos

Por el contrario, este mismo lunes, los grupos municipales de Ciudadanos y el PP exigieron el inmediato desalojo de los acampados. Las ordenanzas municipales no permiten acampar en el espacio público, y hacerlo puede acarrear multas de hasta 500 euros. El protocolo de seguridad, aducen, hace incompatible su presencia junto a uno de los puntos neurálgicos de las fiestas de la Mercè.

El caso supone un quebradero de cabeza para la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo de gobierno. La Generalitat se lava las manos, y la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ya ha anunciado que los agentes de los Mossos d'Esquadra no desalojarán la zona. Su argumento se basa en que el asunto no es competencia de la Generalitat, sino "un tema de vía pública y, por tanto, es decisión de la Guardia Urbana si se puede mantener la protesta o no". "Nosotros no pondremos límites a las libertades de las personas", declaró este martes.

La pelota, en el tejado del ayuntamiento

Días atrás, la Consejería de Interior se expresó en este mismo sentido apuntando que no se trata de una manifestación, sino de "una protesta que se ha alargado varios días ocupando la calle en Barcelona". De hecho, el departamento dirigido por Miquel Buch ya se negó el sábado a desalojar la plaza, a pesar de que al día siguiente estaba previsto que acabara allí la manifestación organizada por la asociación Hablamos español. En lugar de eso, la presidenta de esta organización, Gloria Lago, explica que los mossos les instaron a modificar su recorrido, debido a la presencia, además, de centenares de manifestantes de signo contrario convocados por los autodenominados comités de defensa de la república (CDR). Entre ellos, el fundador de Terra Lliure Frederic Bentanachs. 

La pelota está ahora en el tejado del ayuntamiento. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ya ha expresado la intención del consistorio de hacer "compatible" la Mercè con la acampada independentista. En este sentido, se ha mostrado "absolutamente seguro" de que llegarán a un acuerdo. Su deseo, asegura, y el del equipo de gobierno municipal es respetar el derecho a la libertad de expresión de los concentrados. La alcaldesa, Ada Colau, departió con algunos de sus miembros tras la concentración del pasado sábado por la muerte de una mujer de 71 años a manos de su marido, en el distrito de Sants-Montjuïc.

Cargas contra los indignados

El ayuntamiento quiere evitar a toda costa imágenes como las del desalojo de los indignados del 15M en la plaza de Cataluña. Aquel 27 de mayo de 2011, los agentes de los Mossos, por orden de la Consejería de Interior dirigida entonces por Felip Puig, cargaron duramente contra unos 400 concentrados que protestaban contra los recortes y la crisis económica, bajo el argumento de llevar a cabo "tareas de limpieza", higiene y salubridad en la zona.

La polémica actuación policial se produjo un día antes de la disputa de la final de la Champions entre el FC Barcelona y el Manchester United, en previsión de las celebraciones que tendrían lugar por parte de la afición azulgrana. Las brigadas de limpieza tenían orden de retirar los objetos potencialmente peligrosos para la seguridad. Y requisaron a los indignados hornillos, sillas, mesas, colchones e incluso ordenadores personales de sus tiendas de campaña. Algunos de los concentrados trataron de impedirlo, dificultando su marcha y llegando a pinchar las ruedas de dos camiones de limpieza, lo cual dio pie a las cargas policiales de los antidisturbios a primera hora de la mañana. Como resultado, 120 personas -buena parte de ellas, manifestantes en actitud de resistencia pacífica- acabaron heridas, 37 de ellas agentes policiales. A mediodía, al acabar la intervención policial, la plaza volvió a ser ocupada por unos 3.000 indignados. La acampada continuó durante un par de semanas más.

La fuerza, "último recurso"

El ministro del Interior de aquella época, Alfredo Pérez Rubalcaba, eludió su responsabilidad en el asunto, y sostuvo que las cargas dependían del Departamento de Interior de la Generalitat. El portavoz del Govern, Francesc Homs, y el propio Felip Puig explicaron que las cargas se acordaron con el ayuntamiento -en manos del socialista Jordi Hereu-, y negaron que la intención fuera desalojar; 56 indignados se acabaron querellando contra Puig.  

Amnistía Internacional criticó en su informe sobre Derechos Humanos de 2012 el "abuso de fuerza policial", y advirtió a las autoridades catalanas de que "el uso de la fuerza es el último recurso para garantizar el orden público".