Recta final de mandato municipal. El gobierno de Ada Colau está inmerso en una carrera frenética por sacar pecho de la obra bien hecha. Ayer, la agencia de calificaciones Fitch Rating sirvió de revulsivo al Ayuntamiento al confirmar la calificación de Barcelona en "A-" con perspectiva estable en un comunicado en el que destacaba “la fuerte economía de la ciudad" y el "buen desempeño operativo y la liquidez" de la ciudad.

La agencia citaba como factores clave la "economía diversificada y rica beneficiada de una fuerte actividad turística" de la ciudad, el PIB regional per cápita -un 19,7% por encima de la media española en 2017- y una tasa de empleo del 54,3%, también por encima de la media. El "buen desempeño operativo de Barcelona" se debe, según Fitch, a las grandes transferencias del Gobierno desde el sistema de financiación y a la "elevada recaudación" de su Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

"Una economía solvente"

Ante estas buenas perspectivas, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, aseguró a los medios de comunicación que estos datos confirman que Barcelona es una economía "solvente" y que ha reducido su deuda en los últimos años. Pisarello valoró positivamemte los datos de la agencia Fitch, que contrapuso a las afirmaciones "catastrofistas" de los grupos de la oposición, a los que acusó de “electoralismo”.

Se da la circunstancia de que, en 2011, Pisarello, junto al tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, presentaron ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra tres agencias de calificación: la citada Fitch Ratings España, Moody’s España y Standard and Poor’s España. Lo hicieron desde el observatorio DESC (Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), pero la Audiencia archivó la querella sin entrar al fondo de la cuestión por un defecto de forma. Pisarello es profesor de Derecho Constitucional y Asens, abogado.

Delitos relativos al mercado y los consumidores

En esa querella se imputaban a las tres agencias dos delitos relativos al mercado y los consumidores. En el texto, las califican de "oligopolio" y recuerdan que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de 2010 sobre la Estabilidad Financiera Mundial, señalaba que estas agencias usan y abusan del poder que tienen y necesitan una supervisión más estricta porque sus actividades tienen un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países pudiendo afectar su estabilidad financiera”.

Pisarello y Asens destacaban el papel de las agencias de calificación “en la reciente crisis financiera, posicionándose, las mismas, en ambos lados de la actividad crediticia y financiera.

Concluían ambos dirigentes de Barcelona En Comú: “Y es que para las grandes agencias, la solvencia de un país, de una región o de un municipio, se mide de manera casi exclusiva en función de las ventajas que puedan ofrecer a los especuladores o de su predisposición a restringir el gasto social. Mientras más favorable se muestre un gobierno a congelar pensiones o a flexibilizar las relaciones laborales, más confiable resultará a ojos de los grandes evaluadores".