La Generalitat de Cataluña apenas ha aprobado un 10% de las solicitudes para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a lo largo del último año, y ha denegado hasta un 73% del total. El argumento para desestimar esta prestación a personas sin recursos económicos mínimos para atender sus necesidades básicas se ha fundamentado, en la mayoría de casos, en que los afectados tienen ingresos superiores al umbral estipulado. O bien por incompatibilidades al tener trabajo, algo que la normativa prevé mejorar al aumentar la cobertura hasta su total despliegue en 2020.
El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat --órgano del que depende la RGC--, Chakir El Homrani, ha explicado que las peticiones para obtener esta renta básica se han triplicado en dos años. Y ha lamentado que la aplicación del artículo 155 ha sido un lastre para el despliegue de la nueva prestación al impedir, según él, la aprobación del reglamento y la imposibilidad de crear la comisión de seguimiento.
Más beneficiarios
El Homrani ha comparecido ante los medios junto a técnicos del departamento, antes de que este sábado se cumpla un año del despliegue de la RGC, que toma el relevo de la antigua Renta Mínima de Inserción (RMI).
El conseller confía que la ampliación de la cobertura en diversos tramos, que se concretará en nuevos aumentos a partir de este sábado, permitirá ampliar el número de beneficiarios.