El Gobierno retira el primer recurso contra una ley catalana: la de sanidad universal

El Gobierno ha iniciado el proceso para retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de universalización de la sanidad. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha explicado que el movimiento se produce tras el cambio en la legislación estatal, que omite cualquier “discrepancia” entre las dos normativas.

El acuerdo para retirar el recurso contra la ley sanitaria se alcanzó la semana pasada en una reunión del secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, y la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, para tratar los compromisos adquiridos en la comisión bilateral.

El real decreto que lo cambia todo

La decisión del Gobierno se produjo tras la aprobación del real decreto que “modifica el alcance de la normativa básica”, lo que “permite que la norma catalana [que obtuvo el visto bueno en junio de 2017] impugnada resulte acorde con su marco estatal básico”.

En concreto, lo que ha hecho hoy el Gobierno, de acuerdo con el procedimiento requerido para ello, es instar al presidente, Pedro Sánchez, a que desista de ese recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado marzo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Voluntad de diálogo

A la retirada de este recurso seguirán otros, ya que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, confía en poder alcanzar “un acuerdo pronto” con la Generalitat, según ha dicho esta semana en el Congreso, para desistir de otros referidos a leyes catalanas sobre vivienda, entre ellos la de emergencia habitacional.

De este modo, el Consejo de Ministros ha iniciado este viernes la retirada de algunos recursos presentados contra leyes catalanas, en el marco de la voluntad de diálogo entre ambas partes con el argumento de que, o bien existe nueva jurisprudencia constitucional, o bien porque alguna de las partes está dispuesta a cambiar su norma.

Son 16 recursos en revisión

Son 16 los recursos en el Tribunal Constitucional presentados por el Estado contra normas catalanas y que se revisarán en la comisión mixta entre los dos gobiernos sobre conflictividad y traspasos.

Aparte de los citados, los asuntos en litigio son diversos: normativa sobre consumo de cannabis, también sobre la agencia catalana de ciberseguridad, la de la Agencia de protección social, y legislación sobre el cambio climático. También están en manos del Constitucional nueve conflictos planteados contra el Estado por Cataluña, que es la comunidad que más recursos y conflictos mantiene en el alto tribunal contra normativa estatal.