El juzgado contencioso administrativo número 1 de Vitoria ha avalado la cesión de un local municipal de la ciudad para un acto sobre el referéndum del 1-O al que asistió la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel en septiembre de 2017, y que fue suspendido cautelarmente, según la sentencia.
El juzgado contencioso administrativo número 3 de Vitoria suspendió en su día la autorización de cesión del local para el acto, después de que la delegación del Gobierno en el País Vasco lo solicitara, al estimar que el referéndum del 1-O era "ilegal".
Un acto legal
A pesar de la decisión judicial, Gabriel inició su intervención hasta que los organizadores del acto dieron por concluida la charla, después de que la policía municipal se personara en el lugar para comunicar la orden de suspensión.
En la sentencia del pasado 11 de septiembre, el juzgado contencioso administrativo número 1 de Vitoria rechazó la petición de la Delegación del Gobierno, y señaló que el evento no podía calificarse jurídicamente como acto electoral. Y también que la conferencia de Gabriel no constituía "actividad ilícita alguna, sino que es, además, ejercicio de los derechos fundamentales tanto de la conferenciante cuanto de los ciudadanos que libremente deciden asistir".
Defensa del pluralismo
La sentencia añade que si el ayuntamiento hubiera denegado el uso del local a la Asociación Cultural Gasteiz 2011, promotora del acto, se habría infringido "el principio de neutralidad y objetividad". E insiste en que el pluralismo político es uno de los principios fundacionales del estado social y democrático de derecho.
"La administración local infringiría los principios invocados precisamente al negar el uso de un local público atendiendo y por razón del contenido ideológico, político, religioso, deportivo, de la actividad que se iba a desarrollar", escribe el juez.
Satisfacción en la CUP
La CUP ha valorado positivamente este viernes la sentencia porque "supone precisamente reconocer que en un sistema que se pretenda democrático tiene que prevalecer siempre el ejercicio de los derechos y libertades más fundamentales".
El comunicado de la formación independentista añade que la decisión judicial implica también "reconocer el ambiente de vulneración masiva de derechos" que, según el partido, vivieron los catalanes en las semanas previas al 1 de octubre de 2017.