El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha cerrado la instrucción del caso Inipro, sobre presunta corrupción en los servicios sociales, y mantiene al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), como investigado.

En el auto de apertura de procedimiento abreviado, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado considera que hay indicios de que Ballesteros ha cometido, presuntamente, los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

15 encausados

El magistrado, que deja la plaza vacante al trasladarse al TSJC, ha comunicado hoy a las partes --entre ellas la CUP, que fue quien denunció los hechos al juez antes de tener representación municipal--- el auto, que aún no es firme.

De los 16 investigados, quince siguen encausados y la excepción es un empresario fallecido, vinculado al PSC, del grupo Iniciatives i Programes (Inipro).

Promoción del alcalde

El juez mantiene encausada a la concejal de Fiestas, Cultura y Patrimonio, Begoña Floria (PSC), a la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrin (PSC); al ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, y al ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) Antonio Muñoz.

El resto son empleados de la empresa Inipro, contratada por el IMSS para dar un servicio de atención a los inmigrantes pero que, sospecha el juez, se dedicaron a promocionar a Ballesteros.

La CUP pide la dimisión de Ballesteros

El auto lo ha recogido, en representación del alcalde, el abogado David Rocamora, quien se ha felicitado por el cierre de una instrucción que ha durado cinco años, ha reivindicado la "inocencia" de Ballesteros y ha anunciado que apelará el auto.



Por el contrario, la denunciante y actual portavoz del grupo municipal de la CUP, Laia Estrada, considera que el auto confirma que el PSC actuó como un "cacique" y pide la dimisión de Ballesteros.

El origen del caso

Estrada denunció, a raíz de las quejas públicas de los trabajadores del IMSS, que este organismo había contratado a la empresa Inipro en el 2010 y que prorrogó su contrato el 2011 y 2012 de forma irregular, ya que tenía que haberlo vuelto a adjudicar.

Tanto Secretaría como Intervención avisaron al alcalde de esta irregularidad, pese a la cual autorizó en siete ocasiones que se pagara a Inipro, con un importe de 215.000 euros repartido en 21 facturas.

"En beneficio del PSC"

Ballesteros las autorizó porque también se le advirtió de que, de no hacerlo, cometería un delito de enriquecimiento injusto, ya que Inipro habría hecho los trabajos y había que pagarlos. Sin embargo, el juez considera que no están acreditados y que fue un sistema tejido "en beneficio del PSC".

Bajo el paraguas de Inipro, "personas determinadas, afiliadas o simpatizantes" del PSC cobraron dinero público por hacer "de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales", según el juez.