La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado en el Congreso que el Ejecutivo se encargará de la defensa del juez del 'procés', Pablo Llarena, en los tribunales belgas ante la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque "no se puede permitir que en Bélgica se cuestione la soberanía jurisdiccional española".
Delgado ha destacado este martes que "desde el primer momento" actuó para defender "los intereses del Estado" en la demanda presentada en Bélgica contra Llarena.
Demanda "instrumental" de Puigdemont
Ha comparecido a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar los pasos que llevaron a contratar a un bufete de abogados en Bruselas. Algo que el PP, Ciudadanos y la mayoría de las asociaciones judiciales interpretaron como una rectificación, al estimar que en un principio el Gobierno había dejado solo a Llarena.
Delgado ha garantizado que desde el inicio se vio claro que la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsellers fugados era "instrumental", pues pretendía "prefabricar una causa de recusación fuera de nuestras fronteras".
"No hay rectificación"
"No ha habido una rectificación, unas dudas o un ir o venir. Hemos ido actuando paso a paso conforme se iban realizando los informes técnico-jurídicos", ha añadido la ministra, que solo ha asumido que tal vez hubo un "exceso de transparencia" o "falta de claridad" en uno de los comunicados remitidos a los medios.
Delgado ha asegurado que no se podía permitir que en Bélgica se utilizase una demanda civil en la que se atribuyen al magistrado unas manifestaciones privadas, pero que "están absolutamente imbricadas en el procedimiento, de manera que se cuestiona la soberanía de jurisdicción de España".
"Plena sintonía" con el CGPJ
Varios de los informes solicitados advertían de los riesgos de que España se personara ante el tribunal belga, ya que se podría interpretar como una renuncia a su inmunidad de jurisdicción, por lo que había que tomar la decisión procesal adecuada "absolutamente bien para no tener un solo 'pero' en un tribunal internacional".
Delgado ha afirmado además que se ha actuado en "plena sintonía" con el Consejo General del Poder Judicial, que dio amparo a Llarena.
Críticas de Unidos Podemos y PDeCAT
Frente a la satisfacción de estos grupos de la oposición por lo que consideran un cambio de criterio en el Ministerio, Unidos Podemos ha reprobado la actuación del Gobierno ante lo que consideran "una demanda puramente civil" que ha generado unos "costes desorbitados", ya que la provisión de fondos para contratar al bufete belga supera el medio millón de euros.
Pero la intervención más dura la ha protagonizado la representante de PDeCat, Lourdes Ciuró, quien ha acusado a Delgado de cambiar de opinión al "verse arrastrada por las presiones de la extrema derecha". Y ha pedido un informe detallado sobre la contratación del bufete belga "ante la posibilidad de estar frente al pago de "una defensa privada por unos actos privados con el dinero de todos los contribuyentes".