El encuentro de la Junta de Seguridad que ha tenido lugar este jueves en Cataluña venía precedido de los roces entre el Ministerio del Interior y la Generalitat por el conflicto de los lazos amarillos. Pero tras el toque a rebato del Fernando Grande-Marlaska, el titular de la cartera estatal, sobre la exclusividad de las competencias en materia de seguridad ciudadana del Estado, este jueves la imagen que ambos han dado ha sido la de cooperación y buen entendimiento entre instituciones. Incluso para abordar la polémica sobre los símbolos políticos. 

¿En qué se ha concretado? Ni Grande-Marlaska ni su homólogo catalán, Miquel Buch, han incidido en ello. El ministro se ha limitado a asegurar que ambas Administraciones han llegado al compromiso de que el “espacio público es el de todos los ciudadanos e ideologías, neutral, de acuerdo, de encuentro de uno mismo y de los demás y de compromiso”. Por lo que “no se puede monopolizar”. 

“Mediación” de Mossos

Buch ha insistido en señalar a Ciudadanos como el partido responsable del conflicto en las calles por la simbología política. Les ha acusado de orquestar una campaña que ha generado los “conatos de conflicto” a los que ha hecho referencia el exmagistrado de la Audiencia Nacional. 

“No debemos eludir que la percepción social es que no existe una gestión adecuada del espacio público en determinadas circunstancias y zonas en los que todo el mundo pueda desarrollar sus derechos y libertades sin monopolio”, ha remarcado Marlaska. Serán los Mossos d’Esquadra los responsables de mediar ante estas pugnas. “Su trabajo es el hablar antes de cualquier otra forma para resolver el conflicto”, ha declarado Buch.

Críticas veladas al Govern

El ministro ha lanzado entre líneas una crítica a la gestión que ha realizado el Govern hasta la fecha ante esta polémica. “Los representantes público no estamos para generar problemas, estamos para evitarlos”, ha declarado. También ha recordado de que existen sentencias judiciales que marcan la obligación de “garantizar la neutralidad institucional” en los edificios públicos.

Con todo, ha evitado hablar de retirada símbolos como la pancarta que pide la libertad de los políticos presos que cuelga de la Generalitat o el lazo amarillo instalado en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros. “Hay una voluntad de todos para trabajar para la neutralidad y garantizar que todos los ciudadanos disponen de sus derechos”, ha incidido. Marlaska prefiere “evaluar cundo se pueda” las “líneas generales” de las actuaciones que se realicen en el marco de esta cooperación entre instituciones.

Los Mossos en el CITCO

Sí que se ha avanzado en esta Junta en definir que en menos de 30 días, los Mossos d’Esquadra se incorporarán al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO). Se trata de una vieja reivindicación de la Generalitat a la que el Ministerio del Interior ha puesto fecha.

También se activará en unas fechas una “comisión de coordinación policial para trabajar operativamente y de forma ágil” más allá de las Juntas de Seguridad, tal y como ha relatado Buch, y se “estudiará” cómo la convocatoria de dos nuevas promociones de Mossos con 750 agentes cada una de ellas. La cifra que se pactó en 2016.

Desplazamiento de efectivos

Respecto al envío de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil para reforzar el dispositivo de la Diada y del aniversario del 1-O, Grande-Marlaska ha pedido que nadie sea “alarmista cuando no toca”. Ha asegurado que dispositivos de este tipo son normales, “una final de la Champions implica que se deban desplazar hasta 2.000 agentes”.

Aunque no ha hecho públicos el número efectivos concretos que llegarán a Cataluña, ha expresado que se destinarán a la “protección de los edificios públicos y en el hipotético caso de que los  Mossos reclamen nuestra cooperación y auxilio, se lo daremos”.

También ha recordado que las imputaciones por la actuación de los agentes en el 1-O afectan a muy pocos agentes del cuerpo. Niega que se pueda considerar que ante estos "casos puntuales" se pueda extrapolar a la actuación de todo el cuerpo y pide que se deje actuar a los tribunales. Serán ellos los que deban dirimir la proporcionalidad de su actuación.