El miembro de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco al que la Guardia Civil no encontró en su domicilio antes del verano para que testificara ante la Audiencia Nacional, ha contratado los mismos servicios legales que el expresidente catalán, Carles Puigdemont. El letrado Gonzalo Boye coordinará su defensa desde Bruselas, la ciudad a la que ha huido de la justicia española.
Su causa se remonta al pasado 10 de abril. La Guardia Civil se personó en el domicilio de Carrasco con una orden judicial. Se le imputan los delitos de rebelión y terrorismo por haber organizado las movilizaciones y las acciones de sabotaje de los CDR en Semana Santa que llevaron al corte de autopistas y a la apertura de las vías de peaje en las vacaciones.
Menos delitos para Carrasco
Los mismos que se le imputaron en un primer momento a Tamara Carrasco, la otra CDR encausada en el mismo proceso. Ella sí que se quedó en Cataluña, fue trasladada a los calabozos del Instituto Armado en Tres Cantos, luego ante el juez para su declaración y fue puesta en libertad con cargos.
Aunque el juez de la Audiencia Nacional Diego de Gea, el que instruye el caso, decidió retirarle los dos delitos por los que se le acusó en un principio e imputarle el de desorden público. Las penas son muy distintas en ambos casos e implican que la causa no se tenga que investigar en la Audiencia, ya que se puede dirimir en un juzgado ordinario.
Rueda de prensa
Las medidas cautelares que debe cumplir Carrasco es presentarse cada lunes en el juzgado, se le prohíbe salir del municipio de Barcelona en el que reside, Viladecans, salvo para acudir al trabajo y previa autorización judicial, y se le prohíbe bajo todo concepto salir del territorio nacional. Además de notificar un teléfono y domicilio de contacto en el que sea la pueda localizar.
La defensa de Adrià Carrasco ha convocado para este jueves una comparecencia ante los medios en Bruselas. Estará acompañado de su letrado belga, Christopher Marchand.