La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este lunes por la noche que si el Gobierno catalán y el Parlament organiza unos actos oficiales para la Diada de corte independentista no participará en ellos. En una entrevista en TV3 ha recordado que el 11 de septiembre es la “fiesta nacional de todos los catalanes”, por lo que “todos debemos tener espacio”.
La socialista ha afeado que el programa anunciado incluya una marcha para reclamar la libertad de los políticos que están en la cárcel y los dirigentes secesionistas huidos. “Entonces muy institucional no será”, concluye.
Artículo 155
Ha hecho un llamamiento para aprender qué se hizo mal el año pasado, cuando el Govern independentista proclamó de forma simbólica la republica catalana y el Gobierno aplicó por primera vez el artículo 155. Ha insistido en la negociación y niega que la intervención de la autonomía esté de nuevo sobre la mesa. Aunque reconoce que “hay gente que le gustaría que fuera una amenaza”.
Para la delegada del Ejecutivo, la crisis política es una reforma de la Constitución y el Estatuto de Autonomía para “hacer posible que Cataluña esté cómoda”. En línea al anuncio que había hecho por la mañana el presidente Pedro Sánchez, la reforma de la carta catalana que ya ha sido rechazada por las voces más radicales del independentismo.
Negociación
Cunillera indica que para avanzar en la negociación entre Madrid y Barcelona son claves los encuentros bilaterales que tienen lugar. También ha mostrado su sorpresa de que el Ejecutivo de Quim Torra se haya desmarcado de órganos multilaterales del Estado como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Es bastante incomprensible”, ha sentenciado, ya que es allí donde se pactan acuerdos que considera que serán muy positivos para los catalanes.
Finalmente, ha reivindicado la independencia judicial a pocas semanas de que los políticos secesionistas que impulsaron el referéndum se sienten en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Para la delegada del Gobierno, la “justicia, cuando más tranquila la dejemos mejor trabaja”. Cierra de esta forma la puerta a la demanda de ERC de que el Ejecutivo incida a través de la Fiscalía General del Estado y de la abogacía para que se rebajen los delitos que se les imputan.