El Gobierno ha anunciado hoy que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez del tribunal Supremo Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.
El Ejecutivo corrige así su posición inicial de no amparar al magistrado con el argumento de que "el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".
En comunicado difundido hoy, Moncloa asegura que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta este momento, "defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente".
Reclamación de jueces y fiscales
La nota del Ejecutivo español se ha hecho pública después de que el CGPJ, la Abogacía del Estado, las principales asociaciones judiciales (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente), así como la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales instaran al Ministerio de Justicia a que asumiera la defensa de Llarena por entender que la demanda solo pretende "socavar" la Justicia española.
"El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo", explica Moncloa. Añade que el magistrado "solicitó amparo al CGPJ que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto, su petición para la adopción de las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
De manera inmediata, dice el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "el Ministerio de Justicia, al tratarse de un caso conducido por los tribunales ordinarios de aquel país, puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado, para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas".
El Gobierno asegura que, desde un principio, ha dado "una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente".
Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.