Un grupo de empresarios catalanes busca un edificio de Barcelona en el que exponer una pancarta similar a la desplegada en la plaza de Cataluña en contra de la presencia del Rey en el homenaje a las víctimas de los atentados islamistas del año pasado. El propósito es localizar una fachada de gran visibilidad en la Diagonal para mostrar la pancarta durante la celebración del 11 de septiembre. Se negocia con los propietarios de unas oficinas en la plaza de Francesc Macià y tampoco se descarta la confluencia de la Diagonal con el paseo Sant Joan como posible ubicación.

Esta pancarta sería de signo opuesto a su precedente. Estos empresarios son "constitucionalistas" y debaten si colocar la figura de Quim Torra cabeza abajo o simplemente poner "Cataluña es de todos" en castellano y catalán. Los más prudentes consideran que incluir una imagen del presidente de la Generalitat del revés acarrearía su inmediata retirada por la fuerza pública.

¿Qué policía la retirará?

El resto opina que si no son los Mossos d'Esquadra la retirará la Guardia Urbana en aplicación de las ordenanzas municipales, por lo que apuestan por comprobar hasta dónde transigen Torra y Ada Colau con la libertad de expresión de los demás.

Sin embargo, el mayor inconveniente, según los promotores, son las reticencias de los propietarios con los que se ha contactado hasta el momento, que temen que la fachada quede marcada por el separatismo y los vecinos y oficinistas sufran las consecuencias en forma de pintadas amarillas, amenazas y lanzamiento de huevos y excrementos.

Un empresario amigo

El 17A, una enorme pancarta apareció presidiendo la plaza donde iba a celebrarse el homenaje a las víctimas de los atentados. Los activistas habían dispuesto del inmueble de un empresario de Palamós amigo de Carles Puigdemont. Los Mossos no retiraron el cartelón, que era enorme, sino que revisaron su anclaje para comprobar si era seguro. El propio Torra defendió la labor de la policía autonómica frente a quienes consideraron que semejante letrero no era solo un ejercicio de libertad de empresión, sino un acto ilegal y una injerencia política en una celebración que no debía tener esas connotaciones.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno requirió tanto a los Mossos como al Ayuntamiento de Barcelona las razones por las que la pancarta con la cabeza del jefe del Estado para abajo no había sido retirada. La policía autonómica replicó que autorizar o no el mural era una cuestión de competencia municipal.