Lazos amarillos: del puro marketing a una cuestión de Estado

No hay duda de que fue un llamamiento a la moderación. Pero las declaraciones de la fiscal general del Estado, María José Segarra, en las que asegura que no hay delito en quitar o poner lazos amarillos, no han amortiguado la polémica. Juristas y políticos se encuentran divididos respecto a la gravedad de esas acciones, mientras que fuentes próximas al activismo constitucionalista admiten que el independentismo ha ganado de nuevo la batalla del marketing, sin que los sectores políticos y sociales favorables a la unidad de España hayan sabido responder con un símbolo que aglutine sensibilidades. La aplicación de la ley mordaza por parte de los Mossos d’Esquadra a un grupo de personas que quitaron lazos amarillos el pasado fin de semana ha vuelto a encender la mecha.

Un grupo de personas retira lazos amarillos colocados en una valla 

Para el penalista Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía catalana y promotor de la plataforma de juristas Llibertats, quitar los lazos amarillos de la vía pública “no infringe la Ley de Seguridad Ciudadana” y advierte de que “incoar un procedimiento por ello podría ser un delito de prevaricación”. Asimismo, poner lazos amarillos “es una infracción de las ordenanzas y no incoar por ello también puede ser prevaricación”.

Por el contrario, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva da la razón a Segarra. “Estoy totalmente de acuerdo. La fiscal general ha dado en el clavo. Otra cosa es la observación sociológica de poner lazos amarillos o quitarlos, pero eso ya pertenece al terreno de los gustos, no de las leyes”.

La abogado y exjuez María Jesús Hernández Elvira cuestiona la opinión de la fiscal. “Creo que sus declaraciones son discutibles porque, por ejemplo, el delito de odio castiga, entre otros, el fomento de la hostilidad y utilizar los espacios públicos para imponer una idea política está generando una clara escisión social”. Recuerda que “el lazo amarillo representa un claro símbolo político que pretende en el fondo la separación de Cataluña del Estado español. Que los mismos sean llevados por funcionarios en horario de trabajo o inundar los espacios con ellos no son muestra de la objetividad a la que están obligados, sino que van generando una clara hostilidad cada día tristemente más palpable”.

El concepto de espacio público

¿Neutralidad o pluralidad? ¿Qué se entiende por espacio público? Hay juristas que distinguen entre los edificios oficiales --ayuntamientos, hospitales, colegios...-- y la vía pública, entendida como la calle. Y también quienes precisan que la intervención de los Mossos, que el pasado fin de semana identificaron a 14 personas en la provincia de Tarragona, no fue motivada únicamente por la retirada de los lazos, sino por el posible uso de utensilios peligrosos y daños en el dominio público. “No es lo mismo cortar con unas tijeras esos plásticos que formar una especie de comando, ir encapuchados, llevar utensilios peligrosos o encaramarse a un edificio consistorial”, admiten fuentes próximas a ese activismo constitucionalista.

Pese a ello, el penalista Huguet considera “excesivo” que la policía autonómica advierta de que se impondrán multas de entre 601 y 30.000 euros. “Los daños en el dominio público son una infracción del artículo 37 de la ley de seguridad ciudadana, lo cual es calificado de infracción leve con sanción de hasta 600 euros”, dice el letrado.

Cambio de criterio en la Fiscalía

Lo cierto es que la llamada a la calma de la fiscal general no ha amortiguado el debate jurídico ni el político. Y supone un cambio de criterio del ministerio fiscal. Se da la circunstancia de que, el pasado mes de mayo, el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche, advertía de que la “invasión de los espacios públicos” con símbolos como lazos o cruces amarillas no son “libertad de expresión”. Y, por ello, anunció que daría las instrucciones correspondientes a las fuerzas de seguridad para impedir esos gestos que atentan contra la convivencia. Entre la postura de Ariche y de Segarra se produjo un cambio de gobierno, con el socialista Pedro Sánchez al frente, dispuesto a bajar el suflé independentista o, al menos, a no encender los ánimos.

Ayer, la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, criticaba la "hipocresía" del Govern por "multar a las personas que quitan lazos amarillos" del espacio público y no sancionar a “los que los ponen". Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, propuso una reforma de la Ley de Símbolos para mantener la neutralidad de las instituciones”. Montserrat asegura sentirse “ofendida” por la presencia de lazos amarillos en las calles. “Representan --dijo-- la ruptura con España y la convivencia en Cataluña, saltarse la ley y la Constitución”.

Mientras tanto, el Govern y la entidades sociales afines al independentismo usan y abusan de esa simbología amarilla para protestar por la permanencia en la cárcel de los procesados por el referéndum del 1-O.

“La calle nunca ha sido neutral y a veces se confunde neutralidad con pluralidad. Los independentistas llevan en el activismo desde los años ochenta y han sabido crear un símbolo que aglutina sensibilidades. Hay dos generaciones inmersas en ese marketing nacionalista. Nosotros no”, añaden fuentes del activismo constitucionalista. En este sentido, precisan que no se puede responder a un lazo amarillo con una bandera española “porque algunos la identifican con Franco”, sino que “hay que buscar otro símbolo y colocarlo en las calles, en lugar de quitar lazos”.