El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a rebajar la tensión con el gobierno catalán y a restar argumentos al independentismo, aunque sabe que no tiene garantías de que su plan pueda tener éxito. La ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha ofrecido para “atraer” inversiones tanto extranjeras como de otras comunidades autónomas, después de la huida de empresas que se produjo los días posteriores al referéndum del 1-O.

La idea no es tanto la de revocar el decreto que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, para facilitar esos traslados de sedes sociales y fiscales de empresas catalanas, como la de buscar nuevas inversiones y convencer a nuevos empresarios de que Cataluña sigue siendo un buen territorio para impulsar negocios. Maroto cree que se trata de una comunidad “con grandes oportunidades”, pero ha rechazado que se pueda revertir ese decreto, porque, de hecho, “tampoco lo ha pedido el gobierno catalán, al entender que no es la solución”.

Evaluación del impacto

Lo que señala la ministra es que “desde el Gobierno se acompañará tanto al sector empresarial, como se ha señalado a diversas asociaciones empresariales, como al Gobierno catalán, para que Cataluña esté en el foco de muchas empresas que quieren venir a España y pueden encontrar en Cataluña un lugar de inversión atractivo”.

Aunque los dirigentes independentistas suelen argumentar que el decreto del Gobierno de Rajoy permitió esas salidas empresariales, el Gobierno catalán no ha pedido al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez que lo retire.

Retórica y hechos

“Ni tan sólo nos lo han planteado. Me han explicado que están realizado una evaluación del impacto que ha tenido esa salida para, de alguna forma, captar no las que ya se han marchado, que será difícil que vuelvan porque aún no hay una seguridad jurídica por parte del Govern, sino que Cataluña siga atrayendo inversión extranjera y nacional, y aquí nosotros les ayudaremos”, ha insistido la ministra.

Pero si la situación políticia no cambia, difícilmente se recuperarán esas inversiones. El Gobierno, en todo caso, se basa en que, jurídicamente, nada se ha modificado, y en que el Ejecutivo catalán, pese a su retórica, no ha traspasado las líneas rojas que sí se traspasaron en el otoño de 2017. Los empresarios, por su parte, también mantienen una cierta cautela, y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, señala que las firmas que dejaron Cataluña, para instalarse en Madrid, pero también en otras ciudades españolas, difícilmente regresarán, una vez tomada la decisión.