Pedro Sánchez ha anunciado este viernes la aprobación de un real decreto-ley contra el uso fraudulento de la figura de los autónomos en las empresas. Este nuevo texto legal modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que haría aflorar unos 40.000 puestos de trabajo en este registro, según las estimaciones del Gobierno.
Sánchez ha afirmado que el decreto recién aprobado permitirá dar “mayor cobertura” a los trabajadores en el régimen de autónomo para que su aportación al mercado laboral y, en definitiva, su trabajo sea “más digno”, además de acabar con el mal uso de esta forma de empleo.
Procedimiento de oficio
El nuevo texto actúa en aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el régimen de autónomos, cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena.
En estos casos, la institución inicia un procedimiento e indica a la Seguridad Social, la cual actuará de oficio, que dé de alta a tales trabajadores como empleados por cuenta ajena.
De autónomo a trabajador por cuenta agena
El trabajador se mantendrá en este Régimen General, como mínimo, hasta la finalización del procedimiento abierto por Inspección de Trabajo --este será el caso de que la investigación determine que el investigado era, ciertamente, un autónomo real--.
Por su parte, las empresas afectadas (o en su caso, los trabajadores) tramitan la baja para anular el alta de la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.
Falsos autónomos
El nuevo real decreto-ley acabaría con casos como, por ejemplo, los que denuncian los repartidores de Glovo y Deliveroo. Los conocidos como riders, que se pasean en bicicleta por las grandes ciudades llevando pedidos a los hogares que los solicitan, han denunciado encontrarse dados de alta como autónomos pero, sin embargo, la forma en la que la empresa les obliga a trabajar no se ajusta a la labor realizada por este tipo de empleo.
En Barcelona y Valencia se han presentado diversas denuncias a inspección de trabajo para reclamar la inscripción de los repartidores en el Régimen General de la Seguridad Social y en ambos casos, inspección falló a favor de los riders.