Primer y enorme toque de atención al Gobierno de Pedro Sánchez. Los partidos independentistas tenían dudas sobre qué hacer en la votación sobre el techo de gasto de los presupuestos de 2019, pero la frialdad de Podemos, que no quería ir más allá de una abstención, les ha llevado al mismo sentido del voto, guiados por el Gobierno de la Generalitat, y de su consejera de Presidencia, Elsa Artadi. ¿Consecuencia? El Gobierno no podrá aprobar ese primer trámite, y la ley de presupuestos queda invalidada, con lo que el Ejecutivo deberá ajustar unos 6.000 millones de euros, al no poder contar con una mayor flexibilidad del déficit, una decisión que ya tenía acordada con la Comisión Europea. 

Es un golpe duro, aunque el presidente Pedro Sánchez lo tenía previsto, como una posibilidad muy real. Aunque Podemos y los partidos independentistas lo hubieran aprobado, el techo de gasto se hubiera vetado en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero se pensaba en alguna medida para poder solventar el escollo del Senado, y, en cualquier caso, el Ejecutivo se hubiera visto arropado políticamente. Ahora eso ya no será así. Las intervenciones, además, de los diputados del PP y de Ciudadanos han dejado claro que serán muy vigilantes con la gestión del déficit. Especialmente duro ha sido el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, que ha criticado el aumento de impuestos para los conductores de coches diesel, y en general, toda la política impositiva del Gobierno. A su juicio, lo que el Gobierno trata de hacer es "financiar una larga campaña electoral de Pedro Sánchez". 

El trabajo de Calviño

El Gobierno del PP dejó las cuentas del Reino de España con un 3,1% de déficit a finalizar el año. Para 2018, el objetivo era cerrar con el 2,7% de déficit, asumible según el nuevo gobierno del PSOE. Para 2019, el objetivo marcado por la Comisión Europea es del 1,3%. Pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, pudo negociar una mayor flexibilidad, que implicaba un margen de unos 5.000 millones. La condición, sin embargo, era presentar un presupuesto creíble en el capítulo de gastos e ingresos. Ahora eso no será posible.

El ajuste que debe acometer el Gobierno, al no poder disponer de ese margen de flexibilidad, será de 11.000 millones, frente a los 5.000 que podía haber ajustado contando con el apoyo de la Comisión Europa. Se trata, por tanto, de 6.000 millones adicionales. La ministra de Hacienda, María José Montero, ha considerado que todos los grupos contrarios a aprobar el techo de gasto "han ofrecido distintas excusas, cuando de lo que se trataba era de comenzar a reveritir los daños a los ciudadanos provocados por la crisis". Y las ha atribuido a "causas internas", defendiendo que no se trata de partidas presupuestarias que carguen sobre un exceso de gasto público, "cuando nadie defiende ahora que haya en España un exceso de gasto público". 

Puigdemont toma las riendas

El Gobierno, con esas medidas negociadas con Bruselas, otorgaba hasta dos décimas más de déficit a las comunidades autónomas, lo que para Cataluña suponía unos 460 millones de euros. Ahora, todo eso, queda en papel mojado. El diputado del PDeCAT, Ferran Bel, que, a priori, era favorable a apoyar el techo de gasto, ha expresado ese endurecimiento respecto al Gobierno, con la idea de que "trabaje más los acuerdos, desde el reconocimiento de que ustedes (el Ejecutivo) tienen deseos de colaborar". Bel ha aprovechado para denunciar la situación de los "presos políticos", un comentario que le ha venido al pelo después de que la ministra de Hacienda, María José Montero, se refiriera al discurso de Obama, recordando a Mandela. 

Los partidos independentistas no han querido avalar el techo de gasto, al margen de la decisión que tomara Podemos, tras los cambios en el seno del PDeCAT en las últimas semanas, y el nuevo rumbo que ha dado Carles Puigdemont al movimiento, con la creación de la Crida Nacional per la República. Esquerra lo veía de forma diferente, más dispuesta a otorgar más margen de confianza al Gobierno de Sánchez. Pero las riendas las ha tomado el Gobierno de la Generalitat, con Puigdemont ordenando desde Berlín y, desde este sábado, desde Waterloo, en Bruselas.