Los diputados que fueron suspendidos de cargo público por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, dejaron de percibir su sueldo como parlamentarios de la Cámara catalana el pasado 13 de julio, ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo catalán.
Artadi ha expuesto que esta decisión ha sido tomada y comunicada por la Oïdora de Comptes de la Cámara catalana, quien asegura que esra "la mejor opción" para la gestión de las cuentas del Parlament. La decisión se aplicó el 13 de julio, el día en que el Parlament recibió la notificación del auto del Supremo en que se comunicaba oficialmente la suspensión de cargo público.
La decisión de la Mesa
La portavoz del Govern ha explicado que aceptan la situación, pero que esto no significa que "no se intente revertir legalmente", y ha asegurado que la decisión es de la Mesa del Parlament --el órgano rector de la Cámara-- y no del Govern. Es decir, les ha sido retirado el sueldo pero todavía queda pendiente de decicir si se les aparta de sus funciones de diputados y, con ello, la capacidad de votar en los plenos.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa sobre el procés, Pablo Llarena, suspendió de sus funciones a seis de los diputados procesados por rebelión el pasado 10 de julio. Se trata de Carles Puigdemont (en Alemania), Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez--todos ellos en prisión preventiva--.
Fin de la 'crisis' ERC-JxCat
Artadi también ha declarado que la "crisis" entre los representantes de Esquerra Republicana y los de Junts per Catalunya en la Mesa del Parlament, surgida por este mismo tema. La disputa entre los dos partidos surgió por la forma en la que se debía adoptar la decisión del juez Llarena: los republicanos defendían sustituir temporalmente a los diputados suspendidos por otros de su grupo, mientras que desde JxCat se pidió excluir a Puigdemont de esta sustitución.
A pesar de la optimista visión de la portavoz, este conflicto se encuentra lejos de solucionarse ya que, según sus propias declaraciones, no se ha abordado el asunto en ninguna reunión, con lo cual no existe una solución de consenso.
Sin fecha de solución
Artadi tampoco ha desvelado fechas ni plazos sobre cuándo formularán ambas organizaciones políticas una propuesta para desencallar el tema. De todos modos, los partidos cuentan con dos meses de margen hasta que se vuelva a reunir el Parlament en pleno, en el mes de octubre. Un periodo suficiente para decidir la mejor actuación por sendas partes.
Finalmente, Artadi ha señalado al juez Llarena como el responsable del conflicto que se ha vivido en la Cámara. Considera que el magistrado aplica un "derecho creativo" que no se ajusta a la legalidad y, por lo tanto, provoca controversias.