El último informe de Transparencia Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España subraya que varias instituciones del país han incrementado su “nivel de eficacia” en la detección de infracciones con respecto a la corrupción. Concretamente, destaca las actuaciones del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como entidades que han avanzado en la lucha contra las ilegalidades.

Asimismo, también destaca la implicación de la sociedad civil y, en concreto, de los medios de comunicación en pos de la transparencia y la legalidad.

Condenas a políticos

La entidad europea de transparencia señala varias condenas a diferentes representantes y partidos políticos como ejemplos de alto impacto social sobre la corrupción. Por una parte, la condena al Partido Popular por la trama Gürtel, que desembocó en la moción de censura a Mariano Rajoy. Por otra, la detención y encarcelamiento al expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana e, igualmente, la detención de Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona, por el desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.

También ha valorado positivamente el trabajo de las organizaciones mencionadas a la hora de crear conciencia social y política para frenar los niveles de corrupción.

Avance legal

Asimismo, señala muy positivamente el avance que supone la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante.

Otros textos legales que ha destacado la investigación de Transparencia Internacional han sido la ley orgánica por la que se mejoró el control económico y financiero de los partidos políticos, la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Código Penal, que endurece las penas y amplía el espectro de delitos asociados con la corrupción.

Mala valoración del Gobierno

El barómetro de la entidad internacional desvela que el 80% de los españoles considera malas o muy malas las actuaciones del Gobierno en la lucha anticorrupción. Un dato que se encuentra en línea con la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la cual destacaba la corrupción como el segundo problema más grave para los españoles, únicamente por detrás de la falta de trabajo.

España, asimismo, es el país europeo en el que más ha empeorado la percepción de la corrupción desde el 2000. De 180 países, se sitúa en el puesto 42, la peor posición en la historia.

Mejoras a aplicar

Se ha elaborado un texto en el cual se presentan varias indicaciones --no obligatorias-- para hacer aún más clara y accesible la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno.

En el escrito, remitido al Gobierno, se hace especial hincapié en la independencia del poder judicial con respecto al político, así como en una mayor transparencia con respecto al acceso a la información de retribuciones. Según el texto actual sólo se conocerían los ingresos brutos anuales sin tener en cuenta las dietas, retribuciones por productividad e indemnizaciones por razón del servicio.

Respecto a la eficacia judicial en materia de corrupción, TI insiste en que España debe "acercar su ratio de jueces actual al de la media europea", además de facilitar a los magistrados "un código de integridad".