El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga el caso Villarejo, ha abierto una pieza aparte para indagar en las grabaciones de la conversación entre el excomisario y la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En las cintas, la amiga de Juan Carlos I desvela que el rey emérito tiene cuentas en Suiza y cobra comisiones, y critica la actuación de los servicios secretos españoles hacia ella.

En este contexto, De Egea ha citado a declarar para el próximo jueves, 26 de julio, a José Manuel Villarejo. Deberá responder acerca del comisario Enrique García Castaño, detenido la semana pasada y puesto en libertad por la causa Tándem (sobre presunta revelación de datos secretos de personas investigadas), la misma de la que deriva ahora la pieza de Corinna y por la que también tendrá que explicarse.

En prisión desde noviembre

El comisario jubilado ha sido citado ante el magistrado para el mismo día que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, comparecerá en el Congreso sobre las acusaciones lanzadas por Corinna sobre el rey Juan Carlos y los servicios secretos en las grabaciones efectuadas por el propio Villarejo.

Pero cabe recordar que Villarejo ingresó el 5 de noviembre de 2017 en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo y falsedad documental.

Una "consultoría"

El magistrado le investiga por haber usado su condición policial para cobrar millones de euros en labores de "consultoría", que no podía compatibilizar con su cargo de comisario, para clientes que querían información sobre sus rivales o enemigos, a los que chantajeaban y sometían a campañas mediáticas que urdía también Villarejo.

Se sospecha que obtenía datos protegidos de entidades bancarias, registros policiales, la Agencia Tributaria, Tráfico y compañías telefónicas gracias a los funcionarios y policías que colaboraban con él, incluido su considerada mano derecha, el comisario García Castaño.

Desde 1993

Este comisario, conocido como El Gordo o Blasillo, fue arrestado en su casa, pues se encontraba de baja médica tras ser cesado como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo del cuerpo en 2017 por las grabaciones que le hicieron hablando de supuestos chantajes de otros policías al CNI y a la Corona, y ser destinado como comisario zonal en el sur de Madrid.

Según la investigación, Villarejo llevaba ejerciendo esas funciones de "consultoría", por las que pedía millones de euros por un trabajo, desde al menos 1993, cuando se reincorporó a la Policía Nacional de una excedencia de diez años para dedicarse a la investigación privada.

Campañas de descrédito

El excomisario no solo ofrecía elaborar, a partir de esa información, informes contra empresas o personas, sino que en su cartera de servicios incluía campañas de descrédito en medios de comunicación, para lo que se servía de periodistas de confianza.

La decisión del juez de citarle se produce un día después de que haya decidido archivar la pieza del caso en la que investigaba al excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Carlos Salamanca, a su mujer y a su hijo por recibir supuestos regalos y dádivas a cambio de introducir ciudadanos guineanos de forma ilegal.